El reciente descarrilamiento de un tren de pasajeros en Oaxaca el pasado domingo ha elevado el nivel de preocupación en torno al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto ferroviario que ha permanecido en la sombra de iniciativas más mediáticas como el Tren Maya. Este incidente, que es el sexto en dos años relacionado con los nuevos trenes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, plantea serias interrogantes sobre la seguridad y la gestión de estas infraestructuras.
El Corredor Interoceánico, diseñado para competir en el transporte de mercancías entre el océano Atlántico y el Pacífico —similar al Canal de Panamá—, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos desde su concepción. La línea principal, la Z, conecta Coatzacoalcos en Veracruz con Salina Cruz en Oaxaca, abarcando 308 kilómetros de vías que operan desde principios del siglo XX. Sin embargo, el servicio de pasajeros fue suspendido en los años 90, limitándose inicialmente a cargas de mercancías. Otra línea importante, la FA, recorrerá 330 kilómetros de Coatzacoalcos a Palenque, y se estima que estará totalmente operativa en junio de 2026.
Desde su inicio, el gobierno de López Obrador había prometido una rehabilitación integral y la reactivación del servicio de pasajeros, buscando aumentar la velocidad del transporte de mercancías de 20 a 70 kilómetros por hora. Además, se planificaron una serie de polos de desarrollo, similares a las anteriores Zonas Económicas Especiales, que ofrecerían incentivos fiscales para estimular el crecimiento en el sureste del país.
A medida que surgían retrasos en la ejecución de las obras, el gobierno optó por involucrar a las fuerzas armadas en el proyecto. Desde principios de 2021, la Secretaría de Marina asumió la responsabilidad tanto de la construcción como de la gestión del Corredor. Esta decisión fue motivada por el deseo de evitar una posible privatización del proyecto. El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles fue designado como director general del Corredor, reflejando la política actual de distribución de responsabilidades entre las distintas ramas del ejército.
No obstante, la celeridad para cumplir con los plazos políticos ha suscitado críticas, especialmente por las denuncias de que las consultas necesarias para la aprobación del proyecto no se llevaron a cabo conforme a la ley. Además, muchos opositores han reportado ser objeto de represalias por parte de las autoridades.
La controversia se intensificó todavía más cuando un hijo de López Obrador, Gonzalo, fue nombrado supervisor honorífico del proyecto, lo que generó sospechas de irregularidades. En ciertos audios filtrados, se revela que un empresario, Amílcar Olán, insinuó que Gonzalo intercedió para facilitarle contratos cruciales relacionados con el suministro de materiales para el trazado de las vías.
Mientras se avanza en el desarrollo de este ambicioso plan, las tensiones y las acusaciones en torno al Corredor Interoceánico continúan creciendo, reflejando un panorama complicado del que depende no solo la infraestructura, sino también la confianza pública y la imagen del gobierno en el sureste mexicano. En un momento crítico como este, la promesa de modernización y desarrollo enfrenta nociones de desapego y desconfianza, elementos que podrían influir en la viabilidad de uno de los proyectos más importantes de la administración actual.
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