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La expresión es de una apátrida alemana, acogida por EE UU en 1941, llamada Hannah Arendt; aunque el martes la firmó John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de EEUU: el “derecho a tener derechos”. Con ella, el Chief Justice salvó, por un ajustado margen, la ciudadanía por nacimiento que Trump intentaba abolir por decreto. Cualquier niño nacido en suelo americano sigue siendo estadounidense. En la víspera del 250º aniversario del país, el Tribunal decidió que la promesa fundacional aún compromete al presente. Pero la sentencia no defiende un principio en abstracto, sino contra algo. Y ese algo es una operación en curso que no consiste solo en revocar la ciudadanía sino en redefinir quién es el pueblo auténtico. Por un lado, se contrae el perímetro: la orden ejecutiva pretendía negar el ius soli a los hijos de inmigrantes indocumentados y de residentes temporales. Por el otro, se reescribe el núcleo: quienes asaltaron el Capitolio han sido indultados y elevados a la condición de patriotas. El asalto a la sede de la soberanía popular se convierte así, retroactivamente, en un acto del pueblo verdadero. No son dos operaciones sino una: contraer el estatus legal por fuera y redefinir la autenticidad política por dentro. A unos se los expulsa del pueblo por decreto y a otros se los incluye por lealtad al líder.
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