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“Ajustaremos la factura”; “podemos ir consensuando los conceptos”; “[dime] ok o si tengo que poner más importe”… El caso Plus Ultra, en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros de dinero a la aerolínea, apunta a que los presuntos implicados en la trama utilizaban de manera habitual facturas falsas para “dotar de apariencia documental y cobertura formal a determinados pagos” difíciles de justificar legalmente, según detalla el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto cabecilla de una trama de tráfico de influencias. En su resolución, el magistrado recoge varios ejemplos en los que, en opinión de los investigadores de la bautizada como Operación Tíbet, “se pone de manifiesto una operativa de facturación desvinculada de la realidad económica, pues únicamente va dirigida a generar un soporte documental”.
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