El apego o distanciamiento al Estado de Derecho son una de las variables más destacadas para evaluar a los gobiernos al final de cada sexenio. En ese sentido, el desempeño de las tareas ministeriales que cada gobierno federal emprende desde la Fiscalía General de la República –antes PGR– dan buena muestra del ADN de cada administración.
Con Felipe Calderón la PGR y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fueron utilizadas como principal vehículo propagandístico de la lucha contra el narco. Los excesos en los que incurrió con sus presentaciones ante medios de capos capturados, así como investigaciones mal hechas son referente inmediato de aquella procuraduría del “Michoacanazo” o la “Operación Limpieza”.
Su mala labor puso de relieve la ausencia del debido proceso en las investigaciones federales, la cual por cierto estuvo dirigida al inicio por el hoy caído en desgracia Eduardo Medina Mora.
Por ejemplo, de acuerdo con una investigación del portal Animal Político, del 2007 al 2012, la PGR privó de la libertad mediante arraigos, sin pruebas y sin un juicio, a más de 9 mil 839 personas, de las cuales 90% resultaron inocentes.
Con Enrique Peña el Ministerio Público Federal alcanzó un nuevo nivel de bajeza al revelarse con el tiempo su negativa de investigar profesionalmente hechos tan graves como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; incluso incurriendo en actos de tortura como se ha demostrado recientemente con los videos del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, dictándole la “Verdad Histórica” a detenidos vendados de ojos y amarrados de manos.
Tal fue el daño de imagen hecho por las dos administraciones previas a la PGR que la 4T tuvo que cambiarle el nombre a su llegada, pero que en términos reales continúa siendo un brazo para judicializar las posturas políticas del gobierno.
La administración lopezobradorista desde un inicio tomó nota del poder que tiene el Ministerio Público Federal para establecer narrativas y en consecuencia ha hecho del organismo uno de sus principales pilares, no sólo de persecución del crimen, sino como elemento reafirmante del ethos de este sexenio: el combate a la corrupción.
Al reconocer este uso que se le da a la institución desde el Poder Ejecutivo se puede comprender mejor qué tienen en común los casos que la actual FGR persigue en contra de figuras tan disímbolas como Rosario Robles, César Duarte, Miguel Alemán Magnani, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Emilio Lozoya, Inés Gómez Mont y su esposo, así como 31 investigadores del Conacyt, et al.
Si antes el enemigo público número uno eran los narcos, ahora serían los corruptos, especialmente los de cuello blanco que ampliaron sus riquezas personales con influencias.
Esto parece estarle dando resultados. Según el Inegi, nunca en sus libros la FGR ha tenido mejor reputación, apenas el 31% de los mexicanos desconfía de ella. Entre las instituciones de seguridad sólo la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina le superan en cuanto a nivel de confianza ciudadana.
Las presuntas pruebas presentadas por la FGR en cada uno de estos casos difieren de manera importante en su calidad y sustancia, siendo particularmente débiles por ejemplo en las acusaciones contra los investigadores. Asimismo, más allá de los dichos de Emilio Lozoya, al momento no hay pruebas contundentes contra Ricardo Anaya.
En ese sentido la tradición de la FGR de presentar casos que a la postre terminan por desintegrarse se mantiene, sin embargo, en lo que sí se presenta un cambio es en la narrativa nacional que dichas investigaciones pretenden sostener, la del México en rehabilitación de su corrupción.
De esta manera es que la 4T hace de la impartición de justicia una lucha de clases con réditos políticos.
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