El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido recientemente una enmienda que permite ciertas transferencias de fondos, facilitando así la liquidación de CIBanco por parte del Gobierno de México. Esta decisión modifica una orden emitida en junio de 2025, cuando se restringió el acceso de la institución bancaria a la red financiera estadounidense debido a preocupaciones sobre su implicación en actividades relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de opioides.
En esa ocasión, FinCEN clasificó a CIBanco como una institución de “preocupación principal” en este contexto. Las autoridades estadounidenses habían determinado que el banco mexicano había proporcionado servicios financieros que, de manera indirecta, facilitaban las operaciones de organizaciones del narcotráfico, señalando específicamente al Cártel del Golfo, la Organización de los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tras las acciones del Tesoro, el Gobierno de México intervino CIBanco, asumiendo el control administrativo con la intención de proteger el sistema financiero del país. En el curso de esta intervención, las autoridades mexicanas supervisaron la venta de activos clave del banco, asegurándose de que estas transacciones no generaran nuevos riesgos de lavado de dinero que pudieran afectar a Estados Unidos.
Con la nueva enmienda que entra en vigor tras su publicación en el Registro Federal, se autorizan de manera excepcional las transferencias de fondos que sean estrictamente necesarias para la disolución y liquidación del banco. Sin embargo, para que cualquier transacción sea ejecutada, el liquidador designado por el gobierno mexicano debe corroborar que la transferencia es indispensable para ese proceso y que no infringe otras leyes vigentes.
Esta resolución reitera el compromiso compartido entre México y Estados Unidos para proteger sus respectivos sistemas financieros de las amenazas que representan los cárteles y narcotraficantes. Asimismo, subraya la determinación conjunta de sancionar a aquellos que facilitan este tipo de actividades ilícitas.
Es importante señalar que las disposiciones y prohibiciones establecidas en la orden original de junio de 2025 se mantienen sin cambios, lo que refleja la continua vigilancia de las autoridades estadounidenses sobre las instituciones que han sido objeto de investigación por sus vínculos con el crimen organizado. La implementación de esta medida es un paso hacia la resolución del caso de CIBanco y promete un seguimiento adecuado para evitar futuros riesgos financieros.
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