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“Soy la tía de Dave Loor Roca, de 20 años, desaparecido el 26 de agosto de 2024 por militares. Soy la hermana de Jonathan Villón, desaparecido el 9 de diciembre. Soy la madre de Justin Valverde Álava, detenido y desaparecido el 25 de noviembre. Soy la hermana de Cirilo Minota, desaparecido el 4 de abril en manos de militares…”.
Por primera vez desde que comenzó la escalada militar decretada por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, el Estado ecuatoriano se vio obligado a escuchar este miércoles a los familiares de los desaparecidos en el contexto del conflicto armado interno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los convocó el 22 de julio. De no haber sido por ese foro internacional, un capitán de la Fuerza Aérea, representantes de la Fiscalía, del Ministerio de Gobierno y de Derechos Humanos no se habrían sentado frente a ellas. No habrían escuchado sus historias. Ni visto de cerca las miradas quebradas.
Todas llevaban consigo una fotografía. Sujetaban con fuerza los retratos como si al hacerlo pudieran impedir que la memoria también desaparezca. Los rostros se repetían con mínimas variaciones: jóvenes de menos de 30 años, piel morena, cabello oscuro. Todos fueron vistos por última vez en barrios periféricos de la costa ecuatoriana, en zonas marcadas por la pobreza y la violencia, donde los militares han actuado con mano dura y sin dar explicaciones. Ese día, el Estado miró a los ojos a quienes solo pedían una respuesta: ¿Dónde están?
Desde que el presidente Daniel Noboa entregó a los militares el control de la seguridad ciudadana, las denuncias por desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza se han duplicado. En apenas año y medio de mandato, se han registrado más casos que en los tres años previos: 31 desapariciones forzadas atribuibles directamente a elementos de las Fuerzas Armadas, según la Fiscalía.
El mandatario ha gobernado bajo un estado de excepción prácticamente continuo. Ha firmado 14 decretos para declarar o prorrogar estados de excepción y dos que ratifican la existencia de un “conflicto armado interno”, una figura sin precedentes en la historia reciente del país. Con esa justificación, el Ejército patrulla barrios, ejecuta detenciones sin orden judicial y ha protagonizado operativos que terminan sin reportes oficiales.
A pesar de esta militarización sostenida, la violencia no ha retrocedido. Todo lo contrario. Ecuador vive el periodo más sangriento de su historia. Solo en el primer trimestre de 2025 se registraron 3.087 homicidios intencionales, una cifra récord. Los operativos armados, en cambio, han dejado un saldo creciente de víctimas colaterales y denuncias por violaciones de derechos humanos. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, desde que Noboa asumió el poder se han documentado 19 ejecuciones extrajudiciales, más del doble de las registradas entre 2020 y 2023. Y se acumulan 393 denuncias por extralimitación en actos de servicio, 27 de las cuales terminaron en muertes.
“En este contexto de fracaso evidente de la militarización y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Ecuador aprobó de forma exprés, en junio de 2025, dos leyes que perpetúan la presencia militar y fomentan la impunidad”, explica Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza. Una de esas normativas, conocida como Ley de Solidaridad, permite que los militares investigados por delitos graves eviten la prisión preventiva si sus acciones ocurrieron en el marco del conflicto armado interno. La aprobación de esta ley fue un golpe devastador para los familiares de personas desaparecidas, que ven cómo sus agresores se amparan en un blindaje legal hecho a medida.
La norma ha sido invocada, por ejemplo, por los militares procesados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad en el barrio las Malvinas en Guayaquil, que fueron detenidos por una patrulla de 16 militares, y sus cuerpos aparecieron semanas después cerca de una base militar, con signos de tortura. Los acusados, pese a la gravedad del crimen, invocaron la Ley de Solidaridad e intentaron salir de prisión. Este ha sido el caso más estremecedor que rompió el silencio e hizo visibles al menos otras 33 desapariciones forzadas documentadas por el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).
Durante la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares y organizaciones presentaron sus testimonios y expusieron los obstáculos sistemáticos que enfrentan para encontrar a sus seres queridos. Denunciaron que las Fuerzas Armadas se niegan a entregar información clave, como los nombres de los militares involucrados o las bitácoras de los operativos. “No tenemos una lista de quiénes participaron, no sabemos quién dio la orden. Solo hay un informe escueto firmado por un capitán que ahora guarda silencio”, relató una de las víctimas.
Fernando Bastias, abogado del CDH, identificó tres patrones que se repiten en todos los casos: “la negligencia institucional en el tratamiento de las denuncias, el encubrimiento por parte del mando militar y del Ejecutivo, y una campaña de revictimización contra quienes exigen justicia”.
La respuesta del representante de las Fuerzas Armadas durante la audiencia fue protocolaria. Aseguró que su institución actúa bajo “compromiso con la ley y formación permanente en derechos humanos”. Pero la distancia entre ese discurso y la realidad fue evidenciada por la comisionada Andrea Pochak, quien respondió con firmeza: “No se puede considerar las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas como un daño menor. Es un error gravísimo. Es un fracaso rotundo de las políticas de seguridad”.
Ecuador sigue bajo estado de excepción. Los operativos militares ocurren todos los días, a cualquier hora, en cualquier barrio. Y el miedo, antes atribuido a las bandas criminales, hoy también tiene uniforme y botas. “Le pregunto al presidente Daniel Noboa”, tomó la palabra entre lágrimas la hermana de Jonathan Villón, uno de los desaparecidos, “¿nos mandó militares para protegernos o para vivir con miedo? Porque ahora tenemos terror. Los militares no nos están dando seguridad, están desapareciendo a nuestros hijos”.
Cargaba en sus manos el retrato de su hermano, el mismo que ha llevado por cuarteles, hospitales y morgues, esperando -sin respuesta del Estado- encontrarlo con vida.
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