Disminución significativa en la fuerza policial municipal en México entre 2022 y 2024

La fuerza policial municipal en México experimentó una disminución significativa entre 2022 y 2024, alcanzando su nivel más bajo desde el año 2010. Según un reciente informe, actualmente hay 166,224 policías municipales operativos en el país, lo que representa un descenso del 6% con respecto a los años anteriores.

En relación con las fuerzas estatales, el mismo informe reporta la existencia de 155,858 efectivos, pero solo 123,790 de ellos son elementos de fuerza operativa en funciones al cierre del año 2025. Es importante destacar que estos datos no incluyen a la Ciudad de México.

Aunque se observó un aumento en el personal policial en algunas entidades federativas, especialmente en las 31 con datos homogéos, este crecimiento fue de solo 3,431 efectivos entre 2024 y 2025. Sin embargo, existen dificultades para consolidar una tendencia nacional uniforme debido a discrepancias en la cobertura territorial y ajustes metodológicos locales.

El diagnóstico realizado identificó problemas importantes en la profesionalización, financiamiento, certificación y condiciones laborales de las corporaciones policiales. Además, se destaca que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha ocurrido a expensas del desarrollo de instituciones civiles.

A lo largo de 2026, 15 secretarías estatales de seguridad pública fueron dirigidas por titulares de origen militar, con siete provenientes del Ejército y ocho de la Marina.

Esta tendencia ha llevado a que las instituciones civiles sean debilitadas, ya que se fomenta una carrera policial militar en lugar de civil. Esto puede resultar perjudicial para el desarrollo de capacidades locales.

La falta de financiamiento es otro rezago identificado por la organización. La eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) en 2021 dejó a las policías municipales sin un subsidio federal directo.

Aunque el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) fue creado en 2023, no ha compensado la desaparición del programa.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han identificado carencias en la implementación de acuerdos y sesiones ordinarias relacionadas con la seguridad pública.

Entre 2018 y 2024, se registraron 61 sesiones ordinarias y 123 acuerdos que no cumplieron con plazos claros, estándares de cumplimiento y mecanismos de sanción por incumplimiento, según un informe reciente.

Las corporaciones estatales también han mostrado carencias en los mecanismos de desarrollo profesional de los policías. De las 32 entidades federativas, 21 no tienen catálogos de puestos actualizados y solo 17 han constituido formalmente su Servicio Profesional de Carrera.

La certificación policial también ha sido un problema. En 2024, el 70% de los elementos estatales y el 57% de los municipales tenían el Certificado Único Policial vigente, con variaciones significativas entre las entidades: mientras Chiapas y Chihuahua reportaron una cobertura del 100%, Oaxaca registró solo un 2%.

La situación en Chiapas y Oaxaca es particularmente preocupante, ya que 131 elementos de la fuerza policial estatal de Chiapas no aprobaron el Certificado Único Policial y se reportaron dos bajas en ese estado. En contraste, Oaxaca registró 64 casos sin bajas.

La falta de transparencia en las evaluaciones es un problema adicional, ya que la información oficial no permite conocer sistemáticamente si los agentes que fallaron continúan en funciones. Esta situación puede ser consecuencia de una gestión inadecuada o de una falta de voluntad política para abordar el tema.

En cuanto a las condiciones laborales de los policías, se destaca la escasez de prestaciones y beneficios. Alrededor del 9% de los policías estatales percibe un salario mensual inferior a 10,000 pesos, mientras que en los municipios, más de la mitad (55%) de los policías ganan menos de 15,000 pesos al mes.

Las propuestas para revertir las deficiencias incluyen la creación de un Servicio Nacional de Policía y la homologación de los procesos de reclutamiento. Además, se sugiere aumentar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Estados (FASP) y del Fondo de Infraestructura para la Seguridad Pública (Fofisp), así como garantizar que al menos 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios se destine a seguridad pública.