El gobierno de los Estados Unidos ha expresado una marcada inquietud respecto a la independencia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México, especialmente en el contexto de las inminentes renegociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este enfoque se enmarca dentro de una estrategia más amplia que busca asegurar condiciones equitativas para las empresas norteamericanas en el sector de telecomunicaciones.
Estados Unidos ha manifestado su intención de supervisar de cerca a la CRT para asegurarse de que se mantenga imparcial y no favorezca a las entidades estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que también incursionará en el mercado de servicios móviles. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha señalado que la actualización de la política tributaria sobre el espectro radioeléctrico será un tema prioritario en las conversaciones a futuro.
Desde la reforma de simplificación orgánica que disolvió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2024 y el establecimiento de la CRT en 2025, la USTR ha sostenido que existe un riesgo estructural en la relación de la CRT con el Poder Ejecutivo. Según el informe de la USTR, la falta de independencia podría traducirse en decisiones que beneficien a la CFE en detrimento de los competidores privados, lo cual podría distorsionar la competencia en el sector.
En el ámbito de la competencia, el informe también insta a la CRT a revisar la regulación asimétrica que actualmente aplica a América Móvil. Aunque Telmex y Telcel han visto una disminución en su participación de mercado en términos de suscripciones, continúan dominando el sector por ingresos, lo que sugiere la necesidad de una regulación más robusta para fomentar la concurrencia y dar espacio a nuevos actores en el sector.
Otro punto de interés radica en la política de licitación del espectro. A pesar de que la USTR reconoció el diseño competitivo de las licitaciones previas, los altos costos anuales de uso del espectro, que son fijados por la Secretaría de Hacienda, han mantenido a México con algunos de los precios más altos del continente americano. La relación directa entre la CRT, Hacienda y el Poder Ejecutivo ha intensificado las dudas sobre la imparcialidad regulatoria y la eficiencia del marco normativo actual.
De cara a la renegociación del T-MEC a mediados de 2026, el escepticismo sobre la independencia de la CRT se hace más palpable. Estados Unidos está preparado para presionar a México para que tome medidas que reduzcan los costos del espectro, considerando que las prácticas actuales no se alinean con los estándares internacionales y benefician al proveedor dominante en el mercado.
Con el anuncio de futuras subastas para la colocación de espectro, la CRT enfrenta el reto de garantizar un ambiente competitivo y justo, mientras se vincula cada vez más con un esquema que, según la USTR, podría comprometer su capacidad de regulación efectiva. La presión por parte de Estados Unidos promete intensificarse, marcando un punto crucial en la estrategia de política económica entre los dos países.
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