Desalojo de Maricarmen Abascal: una muerte evitable en el contexto de precariedad inmobiliaria

Maricarmen Abascal vivía en Madrid con una discapacidad del 50% y había pasado siete décadas en el mismo piso de su barrio de Retiro. Su hogar era más que un espacio físico, era la base de su autonomía y continuidad vital.

En septiembre de 2026, la situación cambió drásticamente cuando los nuevos propietarios le impusieron un aumento alquiler imposible de pagar con su pensión. El monto del nuevo precio fue el golpe final para Abascal, que ya contaba con una vida marcada por la vulnerabilidad.

El 23 de septiembre, se produjo el desalojo de Maricarmen Abascal de su hogar de toda la vida. Dos semanas después, el 7 de octubre, falleció en un hospital. Su historia destaca la interacción entre mercado inmobiliario y políticas públicas que no alcanzan a quienes más las necesitan.

La muerte de Maricarmen Abascal no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno mayor que afecta no solo a España, sino también a otros países como la Argentina. En este último país, se producen desalojos de personas mayores que quedan en la calle sin apoyo institucional ni redes de ayuda.

El número exacto de personas mayores que pierden su vivienda cada año no está registrado oficialmente, lo que constituye una forma de invisibilización de esta realidad. Sin embargo, las defensorías y organizaciones sociales confirman que el fenómeno existe, aunque no se cuenta con datos precisos para medirlo.

La falta de información pública sobre las necesidades de los adultos mayores en contextos de precariedad dificulta diseñar políticas efectivas para prevenir desalojos y proteger sus derechos.

El gobierno español reaccionó tardíamente ante la situación, emitiendo dos decretos-ley que buscaban frenar desalojos y estabilizar contratos. Sin embargo, el Congreso los rechazó pocos días después, lo que dejó sin efecto estas medidas y sumió al país en un clima de tensión.

La situación política se convirtió en una disputa coyuntural que no contemplaba la protección de las personas mayores. La vida de Maricarmen quedó atrapada en este vacío normativo, donde su derecho a un hogar digno dependía de mayorías parlamentarias y no de estándares estables.

La ocupación de la Puerta del Sol por jóvenes que acompañaban a Maricarmen denunciaba la situación de vulnerabilidad habitacional compartida por personas de diferentes edades. Muchos jóvenes vivían en condiciones precarias, con alquileres temporarios y contratos precarios, lo que les hacía visibilizar su propia lucha por un hogar digno.

La protección constitucional debe considerar los vínculos entre generaciones para equilibrar el derecho de propiedad con el derecho a una vivienda digna.

Al defender a una persona mayor desalojada, los jóvenes no solo protegen a esa persona, sino también su propio futuro, ya que la precariedad en la que viven puede llevarlos a enfrentar situaciones similares.

El caso de Maricarmen Abascal hace evidente la tensión constitucional entre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda digna, especialmente cuando se trata de personas mayores y vulnerables.

La Constitución española protege la propiedad pero la somete a su función social, reconociendo al mismo tiempo el derecho a la vivienda y la suficiencia económica de las personas mayores.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige proporcionalidad entre la propiedad y el domicilio, lo que implica evitar daños irreparables en quienes enfrentan vulnerabilidades acumuladas por razones materiales, ambientales o institucionales.

La vejez frente al desalojo es un tema complejo que va más allá de lo económico. Para las personas mayores, su hogar no es solo un techo, sino el lugar donde se preserva la identidad y se anclan los vínculos y rutinas que dan sentido a la vida cotidiana.

Desarraigar a una persona mayor de su espacio de vida puede ser un daño existencial. Por eso, el derecho internacional destaca la importancia de envejecer en el propio entorno. Esto significa que las políticas habitacionales deben tener en cuenta las necesidades específicas de las personas mayores y no solo centrarse en la propiedad.

La falta de políticas sensibles al curso de vida deja a muchas personas mayores en situaciones límite. En Argentina, como en otros países, se repiten escenarios similares a los de Maricarmen Abascal, quienes se ven expuestos a vulnerabilidades múltiples y sin un Estado que actúe a tiempo para protegerlos.

La armonización entre propiedad y vivienda no implica anular la propiedad. Por el contrario, significa utilizar herramientas como prórrogas obligatorias, realojos asistidos y compensaciones justas al propietario para evaluar caso por caso la vulnerabilidad de las personas mayores y brindarles un acompañamiento institucional efectivo.

La respuesta a la crisis de vivienda en México requiere un enfoque que considere las necesidades específicas de los adultos mayores y personas con discapacidad. Esto implica una revisión de las herramientas legales y administrativas utilizadas para evaluar la vulnerabilidad de estas poblaciones, incluyendo prórrogas obligatorias, realojos asistidos y compensaciones justas.

Es fundamental incorporar una perspectiva de vejez y discapacidad en cada decisión judicial y administrativa para evitar que personas como Maricarmen Abascal sean víctimas del sistema. La propiedad es un derecho legítimo, pero también tiene una función social que debe ser considerada en momentos de crisis habitacional.