Durante años, las empresas han adoptado un lenguaje que integra los derechos humanos en sus discursos de sostenibilidad. Informes corporativos han resaltado la diversidad, inclusión y respeto hacia las comunidades, pero una preocupación central persiste: ¿cómo convertir esos discursos en cambios reales y tangibles que beneficien a las personas?
Este dilema fue el foco central del X Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá recientemente. A quince años de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en este ámbito, se evidenció que no basta con proclamar compromisos. La exigencia actual está en demostrar, mediante procesos efectivos de debida diligencia, cómo las empresas identifican y manejan los impactos de sus actividades sobre las personas.
Este cambio refleja una evolución significativa en la responsabilidad empresarial. En el pasado, la debida diligencia se asociaba principalmente con la identificación de riesgos financieros o legales. Ahora, el enfoque se ha transformado: el interés no se limita a proteger a la empresa, sino que se centra en entender cómo sus operaciones afectan los derechos humanos. Esto requiere un análisis profundo de los riesgos que enfrentan trabajadores, comunidades locales e indígenas y otros grupos vulnerables, que son los más propensos a experimentar impactos negativos.
Además, nuevas regulaciones internacionales están acelerando esta transformación. Lo que antes se promovía sobre la base de marcos voluntarios ahora se traduce en obligaciones legales. La Directiva Europea sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) es un claro ejemplo de un marco que está cambiando las reglas del juego.
No obstante, la conversación no debe reducirse al estricto cumplimiento normativo. Es fundamental cuestionar si las políticas de derechos humanos de las empresas realmente influyen en sus decisiones, en su estructura de gobernanza y en la relación con las partes interesadas. Esta reflexión es especialmente pertinente en América Latina, región clave en las cadenas globales de suministro en sectores como minería, energía y agricultura. Las empresas que operan en este contexto enfrentan una creciente presión para demostrar que respetan los estándares internacionales de derechos humanos y que tienen mecanismos efectivos para gestionar impactos.
Frecuentemente, la verdadera prueba se encuentra en las cadenas de valor, donde se complica asegurar que proveedores y subcontratistas actúen conforme a los mismos estándares éticos que la empresa matriz. Aquí es donde los riesgos se amplifican, incluyendo condiciones laborales precarias, discriminación y afectaciones a las comunidades locales.
Es crucial que la responsabilidad por los derechos humanos no recaiga exclusivamente en departamentos de sostenibilidad o de cumplimiento; debe integrarse en todos los procesos de toma de decisiones. Desde la gestión de riesgos hasta la relación con las comunidades, sólo con esta integración será posible identificar impactos sobre las personas con la misma seriedad que se gestionan otros riesgos estratégicos.
Las empresas que ignoren esta tendencia correrán el riesgo de afrontar costos legales y reputacionales crecientes. Por el contrario, aquellas que implementen prácticas sólidas de debida diligencia estarán mejor posicionadas para ganar la confianza de inversionistas, clientes y comunidades.
En sectores como el de la infraestructura, donde la confianza y legitimidad son esenciales, esta transformación cobra aún mayor relevancia. Las empresas operan en territorios que impactan la vida diaria de las personas, por lo que humanizar las relaciones con los grupos de interés se vuelve una condición inevitable para construir negocios sostenibles.
Finalmente, las organizaciones que comprendan esta evolución no solo estarán preparadas para cumplir con nuevos requerimientos regulatorios, sino que también tendrán la oportunidad de forjar relaciones de confianza sostenibles con aquellos que facilitan su operación. En última instancia, la verdadera sostenibilidad reside en la capacidad de las empresas para generar valor sin perder de vista a las personas que se encuentran en el centro de sus decisiones.
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