La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado que la ley de amnistía “llega a su fin”, destacando que esta normativa ha beneficiado a más de 8,600 personas que han recuperado su libertad. Esta declaración se realizó durante un acto de formación de la Comisión encargada de llevar a cabo la “Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal”, una iniciativa que, según la Presidencia, busca reestructurar el sistema legal del país desde una perspectiva humanista y equitativa.
Rodríguez enfatizó que esta Comisión servirá como un espacio para abordar casos que quedaron fuera de la ley de amnistía. La mandataria defendió la ley, que, según sus palabras, emergió a raíz del recrudecimiento de la confrontación política en Venezuela, incluyendo la intervención militar por parte de Estados Unidos en 2026 que tuvo como enfoque la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
No obstante, las cifras ofrecidas por Rodríguez contrastan con las de la ONG Foro Penal, que ha reportado solamente 186 excarcelaciones de presos políticos atribuibles a la amnistía desde su implementación. La presidenta interina se ha jactado de que la ley se compara favorablemente con la de Sudáfrica, que duró siete años, aunque el contexto histórico es distinto, ya que la ley sudafricana estableció un límite para las solicitudes de amnistía.
En este ambiente de controversia, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha calificado el cierre de la ley como un “grave atropello al Estado de Derecho”. La organización argumenta que la amnistía debe perdurar mientras exista persecución y detenciones arbitrarias. JEP ha expresado que limitar la vigencia de la ley representa una inseguridad jurídica que vulnera a las víctimas y que, en definitiva, empaña las esperanzas de una verdadera reconciliación nacional.
De acuerdo con JEP, los intentos de concluir la ley de amnistía son discriminatorios y contrarios al principio de progresividad de los Derechos Humanos. A su juicio, una verdadera reforma de justicia no puede basarse en la restricción de derechos, sino que debe garantizar la justicia real a través de procesos transparentes.
Este panorama, donde la ley de amnistía se encuentra en cuestionamiento, revela un contexto complejo en el que las tensiones políticas y jurídicas continúan afectando a la población venezolana.
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