Hacía más de un siglo que México no actualizaba su legislación laboral, un aspecto que tuvo su último gran cambio con la Constitución de 1917, la cual estableció la jornada de ocho horas diarias y 48 horas semanales. Durante ese tiempo, otros países avanzaron en la reducción de horas laborales, mientras México, reconocido por sus extensas jornadas de trabajo —que superan las 2,000 horas anuales— mantuvo sus antiguas normativas.
El partido Morena, en un esfuerzo por recuperar una demanda histórica de la izquierda, arrancó un proceso de reforma que ha tomado casi cuatro años de borradores, negociaciones, marchas y una notable presión social para alcanzar una meta que, aunque menos ambiciosa que el proyecto original, busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales para 2030, alineándose con cambios similares en países como Chile y Colombia. Sin embargo, grupos críticos han manifestado su descontento, señalando que la reforma final mantiene solo un día de descanso y permite un aumento en las horas extra.
El primer intento de reforma fue presentado por la diputada Susana Prieto, abogada laboralista con trayectoria en la defensa de derechos de los trabajadores en las maquilas de Ciudad Juárez. A finales de 2022, su propuesta no solo limitaba la jornada a 40 horas semanales de manera inmediata, sino que también proponía dos días de descanso. La votación en la Comisión de Puntos Constitucionales fue unánime, excepto por la abstención del PAN.
El avance de la reforma se vio interrumpido en el contexto político de 2023, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió priorizar el diálogo con todos los actores implicados. Antes de las elecciones presidenciales de 2024, la consulta se tornó en un tema crucial, ya que López Obrador reveló la oposición de influyentes empresarios, como Carlos Slim, quien abogó por más horas de trabajo en lugar de una reducción. Esto marcó el rumbo de las negociaciones que seguirían.
Tras la victoria de Claudia Sheinbaum en junio de 2024, la reforma fue retomada con grandes movilizaciones de sindicatos y trabajadores clamando por mejoras en las condiciones laborales. En un acto simbólico durante su toma de posesión, Sheinbaum reafirmó su compromiso de impulsar la jornada de 40 horas, y, a partir de mayo de 2025, se dieron inicio a mesas del diálogo con sectores empresariales y sindicales.
Tras meses de negociación, se presentó un proyecto de consenso que, aunque logró el respaldo de las patronales y sindicatos, también generó tensiones, especialmente en torno a los días de descanso y la regulación de horas extra, que se incrementaron de nueve a doce. Los críticos de la reforma lamentan que la implementación gradual favorece a la patronal, restringiendo los derechos de los trabajadores en términos de días libres.
Finalmente, la reforma se aprobó con ciertas concesiones que, aunque permiten la reducción de horas de trabajo, también podrían resultar en una jornada efectiva de más de 50 horas semanales debido a las horas extras cuya regulación se ha flexibilizado, un punto que genera inquietud sobre el impacto real en la calidad de vida de los trabajadores.
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