La 89 Convención Bancaria ha sido un punto de inflexión para el sistema financiero mexicano, mostrando una imagen clara de estabilidad y fortaleza. Sin embargo, lo más significativo es la transformación de la macroeconomía en un punto de partida, más que un objetivo central. En este nuevo panorama, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, enfatizó la importancia de contar con sistemas de pagos digitales eficientes y seguros, fundamentales para impulsar tanto la actividad económica como el bienestar social.
En un contexto donde se busca más que solo estabilidad, Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda, destacó la urgencia de invertir en infraestructura como catalizador del crecimiento económico. Esta perspectiva pragmática sugiere que la simple estabilidad fiscal ya no es suficiente y que la ejecución efectiva de proyectos es la clave para el progreso.
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, reafirmó que el sistema bancario tiene el potencial de elevar el crédito del 38% al 45% del PIB hacia 2030, lo que representa una oportunidad significativa para financiar proyectos productivos y estratégicos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿estamos suficientemente preparados para canalizar esas inversiones?
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso de relieve la necesidad de un crecimiento inclusivo y la importancia de una nueva ley que fomente la inversión en infraestructura vital. En un ambicioso objetivo, se planteó la incorporación de 30 gigawatts de generación eléctrica adicionales hacia 2030, subrayando el rumbo que se desea para la economía y del reto que implica su ejecución.
Los signos son inequívocos: hay estabilidad, una ruta de disciplina fiscal, capital disponible y un marco legal que acompaña la acción política. Sin embargo, el éxito de la estrategia depende de la ejecución, donde las ciudades desempeñan un papel crucial, transformando la inversión macroeconómica en mejoras tangibles en la calidad de vida.
Para lograr estos objetivos, se requiere más que financiamiento. Es imperativo estructurar proyectos en un marco de confianza. La discusión sobre una nueva ley de infraestructura proporcionará herramientas importantes en esta dirección; atraer inversiones no es suficiente si no se definen claramente los proyectos con horizontes a largo plazo que alineen riesgos y rendimientos.
Mientras tanto, la evolución de la economía global y el avance tecnológico no esperan. Un ejemplo de este cambio es la digitalización financiera en las ciudades. En la Ciudad de México, por ejemplo, ya es posible realizar pagos de predial y agua a través de una aplicación oficial. Mientras este cambio puede parecer trivial, representa un avance hacia un ecosistema financiero más eficiente.
El plan propuesto por la presidenta para digitalizar pagos en gasolineras y pequeños comercios es un paso en la dirección correcta, pero también plantea desafíos en términos de confianza. Esta confianza no se fundamenta únicamente en la tecnología, sino que requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector financiero para fortalecer la capacitación en ciberseguridad, aumentando así la certidumbre de los ciudadanos en el entorno digital.
La Convención Bancaria ha dejado claro que el sistema financiero mexicano está preparado y cuenta con recursos suficientes. La transición de la estabilidad a la ejecución efectiva de proyectos será esencial para traducir esa fortaleza en inversiones reales que transformen tanto la Ciudad de México como el resto del país.
Los recursos y el interés están presentes; ahora la cuestión radica en cómo estructurarlos de manera efectiva. Cuando ciudades, sistema financiero, gobierno y sociedad colaboran, los proyectos se materializan. La ejecución conjunta se vislumbra como el motor del próximo ciclo económico. Sin duda, la digitalización es un paso determinante, pero su éxito dependerá de la confianza que se construya crucialmente entre todas las partes involucradas.
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