La violencia política contra las mujeres en México ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en el contexto de los procesos electorales más recientes. La elección de 2024 ha sido histórica en varios aspectos: surgieron la primera presidenta de México y un congreso paritario con un número sin precedentes de senadoras y diputadas. Sin embargo, este aumento de representación ha coincidido con un alarmante incremento de la violencia en razón de género. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), las mujeres en campaña han enfrentado un panorama complejo, donde las cifras de agresiones y ataques han ido en aumento.
A pesar de que las reformas de paridad implementadas desde 2019 han permitido que más mujeres se postulen para cargos públicos, también han sido blanco de ataques en redes sociales, intimidaciones y violencia física y psicológica. Este ciclo electoral ha registrado 215 denuncias formales por violencia política de género, lo que representa un 42% del total de quejas desde la reforma constitucional de 2020 destinada a erradicar esta problemática. El INE ha identificado a 157 víctimas, muchas de las cuales son candidatas a diputadas o presidentas municipales.
A pesar de estos avances, la violencia se ha adaptado, sumando formas digitales y simbólicas. El uso de inteligencia artificial y la proliferación de noticias falsas son solo algunas de las nuevas tácticas empleadas para socavar la participación de las mujeres. Asimismo, el INE ha documentado el surgimiento de violaciones a la privacidad y la difusión de mensajes de odio que buscan deslegitimar a las candidatas.
Es notable que, en un país que ha tomado la delantera en la regulación de la paridad política, persisten serias deficiencias en la protección de las mujeres. A pesar de contar con un Registro Nacional de Personas Sancionadas desde 2020, que ha crecido exponencialmente, aún quedan muchas metas por cumplir. Las cifras indican que de los 438 sancionados, 360 son hombres. Esto pone de relieve que este fenómeno se encuentra integrado en diferentes niveles del sistema político, implicando desde ciudadanos comunes hasta figuras de autoridad y medios de comunicación.
La consejera del INE, Claudia Zavala, ha enfatizado la necesidad de fortalecer los protocolos existentes y asegurar que aquellos sancionados por violencia de género no puedan volver a ocupar cargos públicos. Su experiencia revela que, en la medida en que se incrementa la representación femenina, también lo hace la violencia. En el proceso electoral 2023-2024, el INE ha lanzado un programa piloto destinado a la atención de víctimas, descubriendo que gran parte de la violencia se origina a nivel municipal y dentro de los propios partidos políticos.
Este contexto resalta la urgencia de que los organismos electorales mantengan la defensa de los derechos políticos de las mujeres como una prioridad continua. Las expectativas son altas y, a medida que se busca avanzar en la equidad de género en la política, también es esencial asegurar un entorno libre de violencia. En este sentido, el futuro de la representación política de las mujeres en México dependerá no solo de su capacidad para postularse y acceder a cargos, sino también de la consolidación de un marco que proteja y dignifique su participación.
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