Un enfrentamiento violento tuvo lugar el martes 7 de abril de 2026 en la carretera federal México-Veracruz, específicamente en la localidad de Nanacamilpa, Tlaxcala. La situación involucra a policías, campesinos y transportistas, dando lugar a serias preocupaciones sobre los derechos humanos y la seguridad de los manifestantes. Según la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), algunos de sus miembros están desaparecidos como resultado de este choque.
La ANTAC ha condenado enérgicamente el desalojo que llevaron a cabo las autoridades, alegando que los transportistas se encontraban ejerciendo su derecho a la libre manifestación de manera pacífica. Sin embargo, informes recientes indican que la policía respondió con medidas represivas, utilizando gas lacrimógeno y fuerza física, además de garrotes, lo que se evidencia en la difusión de videos que capturan la brutalidad de la actuación policial.
La ANTAC también ha responsabilizado directamente al Gobierno de Tlaxcala por la violencia ejercida en contra de quienes protestaban pacíficamente. En un comunicado, la asociación demandó que no se minimice ni se justifique lo ocurrido por ningún motivo. Además, hicieron un llamado urgente para la presentación con vida de todos los manifestantes desaparecidos, solicitando el cese inmediato de la represión hacia el movimiento tanto campesino como de transportistas. También exigen una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables de estos actos de violencia y agresión.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, ANTAC ha reiterado su compromiso de mantener la unidad entre campesinos y transportistas, asegurando que este tipo de actos no quedarán impunes ni se olvidarán fácilmente. La situación es crítica y ha resurgido un debate significativo sobre la forma en que se gestionan las manifestaciones y el derecho a la protesta en informacion.center.
Los próximos días serán cruciales para observar la respuesta de las autoridades y el desarrollo de este caso, que ha captado la atención nacional y plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos humanos en México. La comunidad está a la espera de respuestas y acciones que garanticen la seguridad y los derechos de todos los manifestantes.
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