(CNN Español) – La Cámara de Diputados de México discute este miércoles la reforma en materia de supremacía constitucional, impulsada por el partido oficialista Morena, con la que se busca evitar la impugnación de reformas a la Constitución.
Aunque la reforma ha sido criticada por organizaciones civiles y miembros de la oposición, Morena defiende el proyecto afirmando que busca evitar el “activismo político” de jueces y magistrados que en el pasado han invalidado reformas aprobadas por el Congreso.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia matutina del pasado viernes que la iniciativa no introduce nuevos principios, sino que formaliza en la Constitución algo que ya estaba contemplado en la Ley de Amparo.
La reforma plantea cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución para que legislaciones como la polémica reforma al Poder Judicial y futuras no puedan ser impugnadas ni suspendidas.
Con las modificaciones, el artículo 105 señala que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad son recursos con los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede analizar leyes y reformas aprobadas por el Congreso.
Por otra parte, el artículo 107 añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
La reforma también contempla un artículo transitorio sobre la retroactividad de las leyes que señala: “los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que este dispone, quedarán sin materia y serán sobreseidos”.
Esto significa que todos los procesos o recursos actualmente en trámite para cuestionar alguna reforma, inmediatamente tendrán que desecharse y no podrán seguir en trámite.
La propuesta sobre supremacía constitucional llega en un momento de coyuntura importante luego de que la SCJN admitiera al menos cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por partido políticos y legisladores locales en contra de la polémica reforma al Poder Judicial para analizar su validez.
Sheinbaum –quien ha defendido las enmiendas a la Constitución– ha enfrenado la resistencia de los jueces a la implementación de la reforma judicial. El evento más reciente fue la resolución de la jueza Nancy Juárez Salas, que ordenó eliminar la publicación de la legislación del Diario Oficial de la Federación (DOF).
La mandataria criticó a la jueza y dijo que ese pedido significaba “arrancar la constitución” y enfatizó que los amparos, como el presentado en este caso, no aplican a las reformas constitucionales.
“Esta reforma es muy peligrosa no solamente para el momento tan difícil que está viviendo México sino para lo que sigue, porque lo que está planteando es que frente a cualquier ocurrencia en materia de reformas constitucionales no haya ningúna defensa, porque se tapa la vía del amparo, de bloquea la vía de las acciones de insconstitucionalidad y de las controversias constitucionales y prácticamente cualquiera aprobación (…) no podría ser impugnada”, dijo a CNN el abogado constitucionalista Miguel Carbonell.
El diputado de Morena, Ricardo Monreal, ha defendido la reforma señalando que es una continuación del esfuerzo histórico por fortalecer el estado de derecho y que tiene como propósito “reafirmar que nada ni nadie está por encima de la Constitución”.
“Reforzar la supremacía constitucional no es un ataque a la justicia, sino una medida para proteger el Estado de derecho. El dictamen de la iniciativa sobre supremacía constitucional respetará cada paso del proceso parlamentario en la Cámara de Diputados; es un recordatorio de que informacion.center tiene un orden jurídico claro, y que cada poder tiene límites”, señala Monreal en una columna en su sitio web.
Para la diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –aliado de Morena– señaló que la reforma garantiza que el Poder Legislativo sea el único con la facultad para modificar la carta magna al eliminar la posibilidad de intervención judicial sobre reformas constitucionales aprobadas por el Congreso.
Otro argumento a favor es el de la diputada de Morena Katia Alejandra Castillo Lozano, quien aseguró que la reforma garantiza y consolida la certeza jurídica y que una vez que la voluntad del pueblo fue elevada a rango constitucional, no podrá ser cuestionada mediante procesos judiciales.
En contraste, la diputada de Irais Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano (MC), refirió que con la reforma se engaña al pueblo porque se quita a la ciudadanía sus legítimas armas para defenderse del abuso y arbitrariedad de los representantes.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Alejandro Domínguez aseguró que no hay sustento ni razonamiento técnico-jurídico de fondo y que las reformas violentan los principios fundamentales que dieron origen a la Constitución de 1917, como la separación de Poderes y evitar la concentración del poder en uno solo.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en el Senado acusó al gobierno de consolidar un “régimen autoritario y un gobierno autocrático” bajo el argumento de que la reforma de supremacía constitucional atenta contra el sistema constitucional y democrático del país”, algo que Sheinbaum rechazó afirmando que la ley que la reforma no cambia su esencia sino que refuerza lo que ya estaba establecido.
Si la propuesta es avalada, “la Constitución albergaría un retroceso importante en materia de derechos humanos, que, desde 2011, han ido progresando en su protección y reconocimiento”, señala un análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Detalla que, en el largo plazo, la imposibilidad de presentar impugnaciones podría imposibilitar el desarrollo de la doctrina de la revisión de reformas constitucionales en México, limitando la incapacidad de evaluar su constitucionalidad y protección de los derechos humanos, dejando a los ciudadanos sin herramientas para cuestionar cambios que podrían afectarles directamente.
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