China ha desestimado con firmeza las recientes críticas de Estados Unidos y la Unión Europea respecto a su nueva ley sobre la unidad étnica, a la que ha calificado de “difamación maliciosa” e injerencia en asuntos internos. Esta ley, que entró en vigor el pasado miércoles, otorga al gobierno chino una base legal para actuar contra individuos en el extranjero, lo que genera preocupaciones sobre su alcance internacional. Durante su presentación, un funcionario taiwanés la comparó con un “edicto imperial”, sugiriendo que su poder de jurisdicción es vasto y casi sin límites.
Aprobada en marzo de 2026, la legislación tiene como objetivo fomentar una identidad nacional “compartida” entre los 55 grupos étnicos minoritarios de China, incluyendo tibetanos y uigures. Estos grupos han expresado durante años sentimientos de opresión en un país donde han surgido protestas, algunas de ellas violentas. La nueva ley establece que tanto personas como organizaciones fuera de China pueden ser legalmente responsables de socavar la “unidad y el progreso étnicos” o incitar al separatismo étnico.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, defendió la ley asegurando que la consolidación del Estado de derecho resguardará los derechos e intereses de todos los grupos étnicos, fortaleciendo así la cohesión nacional. Guo señaló que ciertos países actúan con prejuicios ideológicos y desestiman los logros económicos y sociales de China, acusando a estos actores de manipulación política y de difundir desinformación.
Este desarrollo ha suscitado especial alarma en Taiwán, un territorio que China reclama como parte de su soberanía. Chiu Chui-cheng, director del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, expresó su preocupación al señalar que el alcance de la ley podría permitir a Pekín perseguir a taiwaneses considerados separatistas. Los ciudadanos taiwaneses, según Chiu, deben ser cautelosos al viajar a países con fuertes lazos con China, como Bielorrusia y Camboya, donde podrían enfrentar riesgos de extradición.
La postura oficial del gobierno taiwanés es clara: rechazan las reivindicaciones de soberanía china y sostienen que la legislación de Pekín carece de jurisdicción en su territorio. Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, intentó calmar los temores, afirmando que “no hay motivo de preocupación” para los taiwaneses, aunque advirtió que quienes realicen actos que dividan la nación enfrentaran consecuencias legales.
Con los ecos de estas tensiones resonando en la región, la situación subraya los desafíos persistentes en las relaciones entre China, Taiwán y Occidente, a medida que la comunidad internacional observa de cerca las implicaciones de esta nueva ley.
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