En los meses previos a junio en donde los legisladores de California concedieran a los guardias de la prisión un bono de $ 5,000 y un aumento del 8% durante los próximos dos años, el sindicato de guardias hizo algunas donaciones caritativas. Los destinatarios incluyeron dos organizaciones sin fines de lucro dirigidas por los mismos legisladores que se estaban preparando para votar sobre los aumentos salariales.
Los senadores estatales que lideran los caucus negros y latinos de la Legislatura pidieron al sindicato de funcionarios correccionales que donara a las fundaciones que dirigen, y el sindicato cumplió, mostró los registros estatales , dando $ 15,000 en marzo a la fundación dirigida por el caucus latino y $ 60,000 en febrero.
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Donaciones como esta, provenientes de grupos que presionan a la Legislatura, hasta organizaciones sin fines de lucro controladas por legisladores, su personal y miembros de la familia, han sido objeto de escrutinio por parte del organismo de control político de California desde que CalMatters informó el año pasado que se han convertido en una forma cada vez más común para que los políticos recauden y gasten dinero fuera de los límites de las estrictas leyes estatales de financiamiento de campañas.
La investigación encontró que una docena de organizaciones sin fines de lucro administradas por legisladores estatales y su personal habían reportado haber recaudado casi $ 3 millones en 2019; que una organización sin fines de lucro vinculada al grupo de tecnología de la legislatura estaba manteniendo en secreto sus donaciones ; y que un legislador, el ahora fiscal general Rob Bonta, pedía habitualmente a los grupos que tenian intereses en juego que donaran a su fundación personal, así como a organizaciones sin fines de lucro que empleaban a su esposa.
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El dinero proviene en gran parte de corporaciones y sindicatos con negocios ante la Legislatura, que pueden obtener una exención de impuestos por donar a obras de caridad y, al mismo tiempo, ganarse el favor de políticos influyentes. Si bien los beneficiarios sin fines de lucro pueden realizar trabajos de caridad, también pagan a los legisladores para que viajen al extranjero, disfruten de cenas de lujo con ejecutivos de tecnología del Silicon Valley y pasen los fines de semana charlando con cabilderos en el Hotel de Disneyland.
Ahora, después de un año de revisar si se deben cambiar las reglas que gobiernan las transacciones conocidas como “pagos behested”, el jueves la Comisión de Prácticas Políticas Justas está programada para discutir nuevas regulaciones:
- Una de ellas requeriría que los funcionarios revelen cuando solicitan a los grupos de interés que donen a organizaciones benéficas, que los políticos o sus familiares controlan o en las cuales ellos laboran.
- Otra requeriría que los funcionarios revelen cuándo están involucrados en una decisión que afecte a la persona o grupo que realiza la donación benéfica a pedido de ellos.
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