Batet sale en defensa de los letrados y servicios técnicos

La presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, la tercera autoridad del Estado, se ha visto forzada este martes a comparecer públicamente de manera muy inusual para realizar, a través de una declaración institucional, una defensa cerrada de la profesionalidad y “honestidad” de los letrados y los servicios jurídicos y técnicos del Congreso ante los ataques de dirigentes políticos del PP y Vox tras la polémica del voto erróneo del diputado popular Alberto Casero que permitió prosperar a la reforma laboral.

La Mesa de la Cámara, el órgano de dirección del Congreso que regula su funcionamiento, ha aprobado este martes por mayoría de seis votos progresistas frente a los tres del PP y Vox, los informes encargados sobre ese asunto tanto a la secretaría general como a los servicios informáticos y que concluyeron que no hubo fallos técnicos y que Casero erró al votar telemáticamente desde su domicilio. Los representantes del PP reaccionaron de inmediato y acusaron a Batet de extralimitarse, mentir, no convocar la Mesa, sustraer el derecho de voto de su parlamentario y rebatieron con malestar la tesis que recibieron de la presidenta de que actuaban “con mala fe”.

Batet ha comparecido desde un atril situado frente a las puertas de entrada del patio de carruajes del Congreso tras la reunión que ha dirimido durante una hora de debate en la Mesa las quejas planteadas por el PP y Vox sobre aquella votación, registrada el 3 de febrero, y que permitió al final y tras nueve horas de debate que prosperase la convalidación de la emblemática reforma laboral por un solo voto de margen a favor: 175 síes frente a 174 noes.

El diputado del PP Alberto Casero votó ese día por enfermedad desde su domicilio en Madrid y lo hizo con un sí a la reforma laboral y en contra del criterio dictado por su partido, que era votar no. Votó telemáticamente y lo hizo con el sistema y la aplicación vigente ahora en el Congreso desde que irrumpió la pandemia, que requiere de una doble confirmación de voto para emitir posteriormente un certificado del mismo. Casero sostiene que él no se equivocó y que fue el sistema. El Congreso rechaza totalmente esa versión.

Batet ha aclarado este martes, tras tener acceso al informe interno de los letrados y de los servicios informáticos, que las decisiones adoptadas aquel día de la votación “fueron correctas, que el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado, que no hubo error técnico ninguno ni imposibilidad de voto y que, por lo tanto, no era de aplicación la previsión de una Mesa que permitiera la emisión del voto presencial y que los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección ninguna”. La presidenta del Congreso ha concluido, con todos esos precedentes, que el acuerdo que ella tomó en aquel momento en nombre de la Mesa fue “conforme a Derecho”.

La presidenta del Parlamento ha especificado en su comparecencia que no citaba de esa manera tan inusual a los medios de comunicación para exponer ese acuerdo de la Mesa, sino para defender al Congreso como una de las instituciones fundamentales del Estado de Derecho. Y fue ahí cuando se ha explayado más: “Quiero destacar que toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas. Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas, y cuestionar su honestidad. Hacerlo sin ningún razonamiento o justificación es, además y sobre todo, un modo de deslegitimar a la propia institución”.

Los dos representantes del PP en la Mesa, la expresidenta de las Cortes Ana Pastor y el secretario cuarto, Adolfo Suárez Illana, no tardaron mucho en reaccionar a esas quejas y lamentos institucionales de Batet, que se tomaron como alusiones muy directas. Pastor apuntó que la actual presidenta se extralimitó el día de la votación de la reforma laboral al decidir por su cuenta y sin convocar allí mismo sobre la tribuna una ronda de la Mesa y al determinar de esa manera “la privación del sentido del voto” que se atribuye a su diputado contra la reforma pese a que votó telemáticamente varias veces a favor.

El PP defiende que ese error debía haber sido subsanado, al pedir el diputado Casero que se le dejase rectificar presencialmente en el hemiciclo el voto erróneo computado en su aplicación. El PP sostiene que hubo al menos un precedente, en 2017, cuando presidía la Cámara precisamente Pastor, de un diputado que se olvidó de ejecutar una de las votaciones previstas cuando ejercía ese derecho telemáticamente y que entonces la presidenta citó sobre la marcha a la Mesa y le anularon todas sus votaciones a distancia para que las volviera a hacer en persona.

Los dirigentes del PP cuestionaron así las conclusiones del informe jurídico de los letrados, que ratifican que Batet actuó de acuerdo a sus competencias, y también las del documento de los servicios informáticos, que reiteran que no hubo ningún fallo técnico del sistema y que, por tanto, no se tenía que repetir esa votación. El PP defiende que esos informes no son vinculantes, que tienen derecho a discutir esas conclusiones sin poner en duda su profesionalidad y credibilidad, y argumentan que por encima de esas tesis está el sentido y el fondo del artículo 23 de la Constitución sobre los derechos de voto del diputado. E insisten en que Batet debió haber convocado a toda la Mesa antes de asegurar ante el pleno que ese órgano había sido escuchado y tomado en consideración.

El miembro de Vox en la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, ha suscrito en la reunión de ese órgano prácticamente las mismas posiciones del PP y remachó así que en su criterio se había producido “una gravísima violación del derecho de un diputado a manifestar su sentido de voto de conformidad con su voluntad real y de modo consecuente, se ha alterado la voluntad de la Cámara convalidando un Real Decreto Ley que hubiere sido derogado de haberse respetado el ordenamiento jurídico vigente y se ha actuado por parte de la Presidencia con un estricto sentido objetivo y arbitral”. La secretaria general de Vox, Macarena Olona, ha pedido la dimisión de Batet.