La discusión sobre las pensiones en México ha tomado un nuevo rumbo tras la aprobación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de la minuta del Senado que busca limitar lo que se han denominado “pensiones doradas”. Este debate ha levantado controversia y reacciones entre diversos grupos, que van desde jubilados afectados hasta legisladores de distintos partidos.
Con un respaldo de 26 votos a favor por parte de la bancada de Morena y sus aliados, la propuesta se centra en reformas al artículo 127 de la Constitución Política. Estas reformas establecen que ninguna persona servidor público debe recibir una jubilación o pensión mayor a la mitad de la remuneración asignada al titular del Ejecutivo Federal, es decir, un límite aproximado de 67,000 pesos mensuales. Este ajuste afecta particularmente al personal de confianza de organizaciones descentralizadas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y Nacional Financiera (Nafin).
El proyecto, que emana de una iniciativa de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, está programado para ser presentado ante el Pleno de San Lázaro el 25 de marzo de 2026. Sin embargo, su aprobacion no ha estado exenta de críticas. Los diputados del PAN y PRI se retiraron de la discusión en desacuerdo con lo que consideran posibles medidas de retroactividad en la ley.
Uno de los puntos más álgidos de esta cuestión es la inclusión de jubilaciones previas a la promulgación de esta reforma, lo que puede implicar que todos aquellos que no estén excluidos en la reforma tendrán que ajustarse al nuevo límite salarial, afectando así a pensiones existentes. Aunque algunas jubilaciones, como las de las Fuerzas Armadas o aquellas generadas por aportaciones voluntarias, quedan fuera del alcance de esta reforma, el espectro de la retroactividad ha suscitado gran preocupación entre los jubilados.
Representantes de jubilados de CFE, Pemex y Nafin han expresado su oposición a esta reforma. Rosa Galaz Dávila, portavoz de CFE, argumentó que la medida discrimina a aquellos que dedicaron su vida al servicio público y vulnera sus derechos. Igualmente, Rosa María Rodríguez de Pemex, destacó la necesidad de reevaluar la retroactividad, enfatizando que hay personas de la tercera edad con necesidades importantes que pueden verse afectadas.
Lázaro Jiménez, representante de jubilados de Nafin, subrayó que no todos los beneficiarios poseen pensiones excesivas y que las acciones podrían impactar negativamente a un grupo significativo de familias. Adán Oviedo, también de Pemex, enfatizó que la retroactividad se percibe como confiscatoria, y destacó que los posibles ahorros del gobierno con esta medida no justifican las implicaciones sobre la calidad de vida de los jubilados.
La discusión ha evidenciado grandes dilemas en el ámbito de los derechos humanos, especialmente el principio de no retroactividad de la ley. César Alejandro Domínguez del PRI, advirtió que esta reforma contraviene principios fundamentales y destacó que su enfoque parece más político que administrativo, sugiriendo que se requiere una consideración más profunda.
El futuro de las pensiones en el sector público de México se encuentra en un punto de inflexión, y la votación en el Pleno de San Lázaro se anticipa como un evento crucial que determinará el rumbo de esta controvertida medida. A medida que se acerca la fecha, la expectativa y la tensión aumentan, reflejando un país que busca equilibrar la justicia social y la administración de recursos públicos en un contexto complejo y desafiante.
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