El clima político en México se intensifica ante las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que salpican a varios funcionarios de Sinaloa, incluida la figura del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ha alzado la voz solicitando que se aplique la ley sin privilegios en estos casos, lo que ha generado un debate acerca del uso de recursos del Estado en la protección de políticos implicados en situaciones tan graves.
Moreno ha criticado la decisión del gobierno de Morena de asignar protección personal de la Guardia Nacional a Rocha Moya, afirmando que, en medio de una crisis de violencia que afecta a Sinaloa y al resto del país, dicha asignación es un despropósito. “Mientras la violencia golpea Sinaloa y a todo México, el gobierno de Morena decidió asignarle seguridad federal como si la víctima fuera él y no las familias que viven atrapadas entre balas”, destacó. Una fuerte acusación que deja entrever la percepción de un gobierno que se coloca a sí mismo por encima de la ley y de la seguridad de los ciudadanos.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Moreno calificó como “muy grave” la situación. Para él, es inaceptable que un “narcopolítico” se beneficie de la protección estatal mientras miles de sinaloenses enfrentan la violencia de manera solitaria. Moreno planteó interrogantes críticas: “¿Por qué lo están cuidando y de qué lo están cuidando?” Su visión es clara: la fuerza del Estado no debe utilizarse para proteger a aquellos que son objeto de investigaciones por vínculos con el crimen organizado.
El líder priista subrayó que, si existen presuntas irregularidades, es esencial que las investigaciones avancen y que se actúe en consecuencia. “México no puede acostumbrarse a que se use la fuerza del Estado para blindar a un narcopolítico. Si hay investigaciones, que avancen. Si existen delitos, que se actúe. El PRI exige que la ley se aplique sin privilegios. La seguridad debe estar con la gente, no como escudo de quienes deberían estar rindiendo cuentas”, concluyó.
Este discurso no solo plantea cuestiones sobre la ética en la política mexicana, sino que también refleja la inquietud social ante una impunidad que parece permear a las altas esferas del gobierno. Las voces que piden rendición de cuentas se multiplican, y el escenario futuro promete ser testigo de un intenso conflicto entre el deber del Estado y la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía. En un contexto donde la violencia y el narcotráfico parecen interrelacionarse desde la misma estructura del poder, la respuesta institucional será crucial para la recuperación de la confianza pública.
Actualización: Esta información corresponde a eventos que acontecieron el 4 de mayo de 2026.
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