La situación política en México se encuentra en un punto crítico, donde se observa un avance constante hacia la erosión de las instituciones democráticas. Recentemente, la Suprema Corte de Justicia ha tomado decisiones que refuerzan la centralización del poder, lo que ha llevado a muchos a calificarla como la “Corte del Acordeón”. Este fenómeno, a menudo vinculado al obradorato, ha generado preocupaciones sobre la separación de poderes.
Un elemento clave en esta transformación es el manejo de las instituciones electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido acusados de favorecer a Morena y sus aliados, lo que resultó en una mayoría parlamentaria que no refleja la voluntad de los votantes. Esta situación sembró las semillas para alteraciones constitucionales que amenazan el estado de derecho. Un ejemplo de tal violación es el registro de una fundación, cuya transparencia ha sido cuestionada, ampliando así el espectro de desconfianza hacia las decisiones administrativas.
Tras una fallida propuesta de reforma electoral que fue frustrada por el Partido Verde y el Partido del Trabajo, nuevos intentos están surgiendo desde el Senado. Esta vez, se cuenta con la influencia de Adán Augusto López Hernández, hermano del presidente, quien se perfila como un actor clave para la gestión política en esta fase.
Las discusiones recientes han estado centradas, en parte, en la revocación de mandato, aunque muchos consideran este tema secundario. Los conflictos dentro de la coalición apuntan a una serie de desafíos que se complejizan en la medida en que se crean expectativas de presión política, como se evidenció en el caso del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
La intervención del gobierno federal en los ámbitos estatales y municipales es particularmente preocupante. Con la bandera del ahorro, se buscan imponer cambios en los Congresos locales y los cabildos que afectan a más de 2,000 municipios. Esta acción se interpreta como un ataque directo al federalismo y a la autonomía de las entidades federativas.
Los legisladores, muchos de ellos exgobernadores o expresidentes municipales, deben recordar que la Constitución establece claramente que México es una república representativa y federal, compuesta por estados libres y soberanos. La violación de esta premisa, junto con la invasión de la soberanía estatal y del municipio libre, plantea interrogantes sobre el futuro del marco constitucional.
Aunque hay mayoría de Morena y aliados en 26 de las 32 legislaturas, la pregunta fundamental es si se deberá avanzar en aprobaciones que puedan menoscabar el federalismo. La tendencia hacia un proyecto autoritario parece seguir su curso, erosionando la división de poderes y la existencia de órganos autónomos. Incluso la oposición se siente cada vez más marginal, casi como un eco lejano.
La inclinación del gobierno hacia modelos connotados por su autoritarismo, tales como los de Venezuela, Rusia y Cuba, refleja una ambición por un estilo de liderazgo que ignora las bases democráticas. En este contexto, el futuro de México sigue siendo incierto, y la necesidad de mantener un equilibrio entre el poder y la democracia se vuelve más apremiante que nunca.
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