La semana pasada, el panorama de las relaciones aéreas entre México y Estados Unidos dio un giro que, aunque prometedor, deja entrever un trasfondo de tensiones. La noticia de un acuerdo preliminar para resolver desavenencias en el bilateral aéreo y la inclusión del Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) en el destino “Valle de México” resultó ser, en cuestión de minutos, desmentida por el secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy. En sus declaraciones, Duffy subrayó que se trataba de “un primer paso” que solo podría avanzar si México corredirigía su rumbo.
Este conflicto tiene raíces que se remontan a 2022, cuando el entonces presidente mexicano tomó la controvertida decisión de limitar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), intentando redirigir a las aerolíneas hacia el AIFA. A través de dos decretos, se redujo la capacidad de operaciones de 61 a 43 por hora, en un contexto que, aunque parecía basado en consideraciones de saturación, carecía de soporte técnico suficiente y no ofrecía una solución permanente. Este enfoque, además, fue criticado por no haber sido consensuado, ya que afectó a todas las aerolíneas, incluidas las estadounidenses, que se quedaron con menos slots operativos.
La situación se complicó aún más con el decreto que obligaba a las aerolíneas de carga a trasladarse al AIFA. Esta medida generó un aumento en costes y requerimientos logísticos que, a pesar de haberse ajustado eventualmente, dejó claro un incumplimiento de los términos del bilateral aéreo acordado en 2015, que establece condiciones de consenso y no discriminación.
Con el tiempo, las quejas del Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) se intensificaron, llevando a una serie de sanciones. Aunque México argumentó deficiencias en su infraestructura como justificación, la responsabilidad recae en informacion.center que no cumple con sus compromisos, lo que resultó en otras violaciones de los acuerdos, afectando a diversas aerolíneas.
La administración Trump fue clave en este conflicto, implementando sanciones significativas que incluían requerimientos administrativos, un seguimiento minucioso, suspensiones de rutas de aerolíneas mexicanas y restricciones en el transporte de carga por aerolíneas de pasajeros. La amenaza de nuevas sanciones se mantuvo latente.
El anuncio de un camino hacia la restauración de los términos del acuerdo bilateral de 2015 ha sido recibido con expectativas, y la inclusión del AIFA como un aeropuerto de la Zona Metropolitana del Valle de México busca dar visibilidad a esta infraestructura. Sin embargo, es crucial interpretarlo con atención: la declaración de Duffy aclara que se trata de un Memorándum de Consultas, no de un acuerdo formal. La continuación de las sanciones dependerá del cumplimiento de compromisos concretos por parte de México. Estos incluyen la implementación de una declaración de capacidad conforme a mejores prácticas internacionales, garantizar acceso justo y transparente a los slots del AICM para las aerolíneas estadounidenses y reformar sus políticas de franjas horarias.
Frente a este escenario, queda claro que las relaciones aéreas entre México y Estados Unidos requieren de rectificaciones urgentes, y todas las partes involucradas deberán trabajar en conjunto para evitar una escalada de tensiones que perjudique a los intereses de ambos países.
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