El reciente caso que involucra a Antiqvvm Edicions, S.L., una empresa andorrana con un complicado historial financiero, ha puesto en jaque a un ministerio del Gobierno de España. Un embargo judicial pesa sobre los derechos derivados de un convenio firmado entre la editorial y el Ministerio de Cultura, lo que ha llevado a que este último sea considerado tercero deudor en este contexto. Esta situación, desencadenada por costas judiciales impagadas, refleja una problemática que se remonta a 2017, cuando la empresa empezó a acumular embargos de forma recurrente.
Antiqvvm Edicions, como demuestra el registro de sociedades de Andorra, ha enfrentado conflictos económicos y judiciales que parecen haber comenzado mucho antes de que se sellara el polémico convenio con el Estado español. Aunque su acuerdo está ahora impugnado ante la Audiencia Nacional, la situación se complica aún más al tener en su dirección a Josep Estañol Cornella, quien fue cesado como notario en 2020, antes de que el convenio fuera firmado.
La estructura societaria de Antiqvvm revela vínculos significativos con capital español, particularmente relacionado con la familia Carbó, conocida por su conexión con la cadena Caprabo. Santiago Blanch Hernández, un miembro de esta familia, se encuentra listado como administrador, mientras que otro administrador, Joan Carles Casal de Fonsdeviela, enfrenta embargos sobre sus participaciones sociales.
Este escenario plantea preguntas serias sobre la capacidad del Ministerio de Cultura para mantener acuerdos con entidades que, a pesar de su origen español, están registradas en un paraíso fiscal como Andorra. La situación ha llamado la atención no solo de los medios de comunicación, sino también de expertos legales que advierten sobre la gravedad institucional que implica que un ministerio esté relacionado con empresas que tienen un historial de deudas judiciales.
Además, los afectados han notificado su situación tanto al Archivo de la Corona de Aragón como al Ministerio de Cultura y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sin que se hayan tomado las medidas correctivas adecuadas antes de que se hiciera efectivo el embargo. Esta falta de acción pone de relieve la necesidad imperiosa de controles más rigurosos en la admisión de convenios públicos, especialmente aquellos que involucran a entidades extranjeras con una base de capital español.
El caso no solo reabre el debate sobre la transparencia y legalidad en la firma de convenios públicos, sino que también plantea una cuestión sombría sobre la supervisión que se debe ejercer en estos acuerdos, sobre todo cuando el interés público está comprometido. Un ministerio debe actuar con responsabilidad y con cadena de mando clara para evitar contagiarse de las complicaciones financieras de las sociedades con las que elige asociarse.
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