Concluida la emoción del Mundial de fútbol y la victoria de la selección española, nos enfrentamos a un panorama preocupante en México: el debilitamiento del Estado de derecho y sus repercusiones económicas. La reciente evaluación del World Justice Project para el año 2025 ha puesto en evidencias las serias deficiencias del país en este aspecto, ubicándose en el puesto 121 de 143 naciones con un puntaje de 40 sobre 100.
Desde 2018, el puntaje de México ha ido en descenso; en aquel año se registró un 46/100. Esta caída es atribuida a la erosión institucional impulsada por las acciones de los gobiernos de López y Sheinbaum. La categoría más crítica en esta evaluación se relaciona con las restricciones legales que limitan la acción gubernamental, donde México obtuvo un pobre 41/100 y ocupó el lugar 104 globalmente. Comentarios de figuras importantes como López y Sheinbaum reflejan un desprecio por el marco legal, indicando un ambiente en el cual las normativas son fácilmente evadidas.
El índice de corrupción, otro factor clave, presenta una cifra alarmante de 27/100, situando a México en el puesto 134. La corrupción permea diversas áreas, desde obras públicas hasta la administración de justicia, y la falta de castigo a los actos corruptos asociados con el régimen envía un mensaje claro sobre la impunidad en informacion.center.
La evaluación también subraya la importancia del gobierno abierto, donde México ha logrado un puntaje mixto de 56/100, ocupando el lugar 54 en el ranking. A pesar de la disponibilidad de información de diversas instituciones, la reciente desaparición del INAI ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia gubernamental.
En cuanto a la protección de los derechos individuales fundamentales, México ha logrado un 47/100, posicionándose en el lugar 95. Con un régimen que tiende a ser cada vez más intolerante, estos derechos se encuentran en riesgo.
La seguridad personal y patrimonial ha ido en deterioro; el puntaje ha caído de 59/100 en 2018 a 50/100 en 2025, reflejando un aumento en la criminalidad y una impunidad que alcanza el 95%. Esta situación exhibe una falla en el cumplimiento de la función principal del gobierno.
El sistema regulatorio también se ha visto afectado, con un puntaje de 42/100 que coloca a México en el puesto 113, consecuencia de regulaciones que generan interpretaciones discrecionales y fomentan la corrupción.
Finalmente, en el ámbito judicial, el desempeño ha sido desastroso: 35/100 en litigios civiles y mercantiles, y un alarmante 0.25/100 en juicios penales, demostrando la fragilidad del sistema judicial y contribuyendo a la desconfianza pública.
En conjunto, un Estado de derecho debilitado se traduce en obstáculos para el desarrollo económico. El rumbo actual sugiere que, si no se toman medidas significativas, la situación podría seguir deteriorándose, impactando la calidad de vida y la confianza en las instituciones en México.
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