La situación de seguridad en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes. Más de 5,000 personas han sido detenidas en un lapso de dos semanas, en el marco de un toque de queda nocturno que afecta a nueve de las 24 provincias del país, incluyendo la capital, Quito. Esta medida, implementada desde el 3 de mayo, tiene como objetivo hacer frente a la creciente criminalidad, particularmente a las bandas dedicadas al narcotráfico y la extorsión.
El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que de los detenidos, alrededor de 700 están vinculados a organizaciones criminales. Entre ellos se encuentran dos de los delincuentes más buscados del país, evidenciando así la magnitud del desafío que enfrenta Ecuador. También se han confiscado 9.2 toneladas de drogas en este periodo, reflejando los esfuerzos del gobierno por controlar el tráfico de sustancias ilegales.
El presidente Daniel Noboa, en su estrategia de mano dura contra el crimen, ha trabajado en conjunto con Estados Unidos, lanzando un despliegue significativo de recursos policiales y militares. A pesar de estas acciones, la violencia no cesa. El año pasado, Ecuador reportó un impactante récord de 51 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según datos de InSight Crime.
Este es el segundo toque de queda aplicado por el gobierno este año, lo que demuestra la continuidad de una política que busca sofocar la actividad criminal en un país estratégicamente ubicado en la ruta del 70% de la cocaína que circula desde Colombia y Perú, los mayores productores del mundo. Las autoridades ecuatorianas mantienen la firme intención de recuperar el control ante un panorama que, a pesar de las medidas extraordinarias, sigue siendo inquietante.
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