La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha visto desvanecerse la posibilidad de implementar una reforma político-electoral significativa durante su mandato. Este revés se consolidó con la reciente aprobación en el Senado del llamado “plan B”, que excluye la revocación anticipada de su mandato, asegurando así que cualquier modificación al marco electoral no se realice en la primera mitad de su gestión.
Sheinbaum había dedicado ocho meses de esfuerzo en esta materia, comenzando con la creación de una comisión presidencial para la reforma, un proyecto que prometía transformar el sistema electoral. Sin embargo, el apoyo del Partido del Trabajo (PT), su aliado en la coalición Morena, se ha diluido, evidenciando la resistencia interna a los cambios propuestos. La reforma, que afecta solo tres artículos de la Constitución, se centra principalmente en la contención de gastos en los gobiernos estatales y municipales, así como en el Senado y en el pago de altos funcionarios electorales.
Al no lograr sus objetivos iniciales—reducir los recursos públicos asignados a partidos y autoridades electorales, modificar el Poder Legislativo y expandir la democracia directa—, la Cuarta Transformación enfrenta un vacío en su agenda de reformas políticas. Con la puerta cerrada a cambios substanciales, Sheinbaum se encuentra en una encrucijada, ya que su administración se dirigirá hacia las elecciones de 2027 y un posible revocatorio en 2028 siguiendo las reglas establecidas en 2014 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
A pesar de tales contratiempos, Sheinbaum ha expresado satisfacción por la aprobación del plan B en el Senado, argumentando que avanza hacia la reducción de privilegios, un principio que ha sustentado su gobierno. Sin embargo, este nuevo fracaso plantea una paradoja para ella: goza de un considerable apoyo político—con una clara mayoría en el Congreso y otros niveles de gobierno—pero, al igual que su predecesor Andrés Manuel López Obrador, no ha podido concretar una reforma política que afiance su visión de cambio.
El intento de López Obrador de modificar el sistema electoral inició con tres propuestas que, aunque aprobadas por su partido, fueron finalmente invalidadas por la Suprema Corte debido a irregularidades en el proceso legislativo. Al igual que su mentor, Sheinbaum había elaborado su propia agenda reformista,, partiendo de compromisos asumidos en su toma de posesión, que incluían hacia la eliminación de la representación proporcional y un recorte significativo de los financiamientos públicos a los partidos.
Su equipo ha llevado a cabo un extenso proceso de consulta pública—con 65 eventos y más de 300 propuestas recogidas—, pero el consenso en torno a la reforma se ha visto debilitado por el rechazo de los aliados clave. Esto resultó en múltiples versiones de la iniciativa, que acabaron en un impasse legislativo.
Al final, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de Sheinbaum, pero no alcanzó la mayoría calificada requerida, lo que obligó a la presidenta a presentar un plan B. Este nuevo intento, que nuevamente buscaba modificaciones constitucionales, fue objeto de intensas negociaciones con los líderes de Morena y el PT, quienes finalmente concordaron en un acuerdo, aunque expuesto a fracturas internas.
Sin embargo, la coalición se mantiene unida en la aprobación general de la reforma, aun a costa de separar ciertos puntos conflictivos. Esto abre la puerta para las elecciones cruciales de 2027, donde la cohesión de esa alianza será puesta a prueba.
En conclusión, la falta de una reforma político-electoral en la primera mitad del mandato de Sheinbaum refleja desafíos persistentes dentro de su administración. A medida que se aproximan los comicios y otros eventos electorales, el futuro de su agenda legislativa y el fortalecimiento de su coalición seguirán siendo temas clave en el horizonte político de México.
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