El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reunió para resolver un tema de considerable relevancia que involucra la figura de la ministra Estela Ríos González. En una decisión unánime, la Corte determinó que no existía un impedimento legal que justificase la abstención de la ministra en el expediente sobre la recepción de sentencias de tribunales internacionales 3/2023.
Bajo la ponencia de Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal del país, se abordó una solicitud para que la ministra Ríos González se apartara de este caso, argumentando que un comunicado emitido por ella el 24 de agosto de 2022, en su calidad de consejera jurídica del Poder Ejecutivo, podía influir en su imparcialidad. En dicho comunicado, la ministra había solicitado que la SCJN prevaleciera en la figura de la prisión preventiva oficiosa respecto a diversos amparos y acciones de inconstitucionalidad.
Sin embargo, tras un examen detallado, se concluyó que la solicitud de impedimento no cumplía con los criterios establecidos en el artículo 212 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este artículo especifica las circunstancias bajo las cuales un juez o magistrado puede ser considerado impedido para conocer de un asunto. La Corte determinó que el comunicado de la ministra fue emitido en el ejercicio de sus funciones, no a título personal, lo que la habilita para continuar participando en el caso.
Con esta decisión, la SCJN deja claro que la ministra Ríos González tiene la capacidad de ser ponente y votar en relación con la ejecución de la sentencia dictada contra México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 25 de enero de 2023, en el caso García Rodríguez y otro vs. México. Este fallo implica que el Poder Judicial de la Federación deberá abordar con seriedad y en detalle las implicaciones de dicha sentencia internacional.
El desarrollo de este caso es crucial, ya que refleja no solo el funcionamiento interno de la máxima corte del país, sino también el compromiso de México hacia el cumplimiento de las sentencias internacionales en materia de derechos humanos. La participación activa de la ministra Ríos González en este proceso podría tener un impacto significativo en la forma en que se interpretan y aplican las decisiones de tribunales internacionales en el contexto nacional.
Al mirar hacia adelante, el papel de la SCJN y la ministra en particular será fundamental para garantizar que las directrices de los tribunales internacionales sean adecuadamente implementadas, lo que no solo refleja el estado del derecho en México, sino también su compromiso con la comunidad internacional.
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