El 9 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados tomó una decisión significativa al aprobar una reforma a la Ley General de Salud, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prohíbe la venta y fabricación de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Con una votación de 292 votos a favor y 163 en contra, este dictamen refleja un cambio drástico en la legislación sobre productos de consumo que han ganado popularidad en los últimos años.
La nueva legislación prevé sanciones severas: hasta ocho años de prisión y multas que pueden llegar a 226,080 pesos para aquellos que comercialicen estos dispositivos. A pesar de la oposición de partidos como el PRI, PAN y MC, el dictamen fue aprobado tras casi nueve horas de debate. Durante las discusiones, la oposición criticó lo que consideraron una criminalización del consumo personal de vapeadores.
No obstante, Morena, el partido en el poder, logró introducir una modificación que mantiene la posibilidad de que se consuma y posea vapeadores para uso personal, dejando claro que las sanciones se aplicarán únicamente a quienes los adquieran con fines comerciales. Además, la legislación ha sido diseñada para abarcar una amplia gama de dispositivos que utilizan tecnologías diversas para la inhalación de sustancias tóxicas.
La prohibición también afecta las actividades publicitarias, impidiendo cualquier tipo de promoción de estos productos en medios impresos, digitales y audiovisuales. Las sanciones penales se extienden a aquellos que promuevan estos dispositivos, con penas que oscilan entre uno y ocho años de cárcel.
Al mismo tiempo, el dictamen incluye modificaciones que afectan el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), específicamente en lo que respecta a la atención de gastos catastróficos relacionados con enfermedades graves como el cáncer. La nueva normativa elimina la obligación de destinar un mínimo del 8% de los recursos de este fondo para el tratamiento de estas enfermedades, lo que ha generado inquietud sobre el impacto que podría tener en la atención médica.
Otros cambios importantes relacionados con la Ley General de Salud incluyen la centralización de las contrataciones de medicamentos y equipo médico bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud. También se introduce el concepto de “salud digital” y se establecen regulaciones para productos sanguíneos, células troncales y medicina regenerativa, ampliando así el alcance de la ley.
La discusión y la aprobación de esta reforma marcan un hito en la política de salud pública en México, reflejando una creciente preocupación por la salud de la población y el uso de productos potencialmente dañinos. Sin duda, este es un tema que seguirá generando debate en el ámbito legislativo y social.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
