El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma preferente para modificar disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para darle prioridad a esta paraestatal sobre las empresas privadas que generan energía.
Al abrir la sesión del Congreso General, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho informó que la iniciativa del presidente tiene carácter preferente y ordenó que fuese turnada a la Cámara baja para su análisis.
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El documento del presidente de la República señala que en años pasados la industria eléctrica fue “saqueada” y por ello sostiene que con su iniciativa “se logrará terminar con la simulación de precios en un mercado que favorece la especulación, el dumping y los subsidios otorgados a participantes privados por la CFE, así como con años de saqueo y con el reconocimiento de los costos totales de generación, lo que permitirá una competencia en condiciones de equidad”.
La iniciativa de López Obrador, en su exposición de motivos, pone en duda los beneficios de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto y acusó que se dio a través de “sobornos” a legisladores.
“Todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico”, señala el documento.
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En este sentido, resalta que es “imperativo” modificar el mecanismo del despacho de centrales eléctricas para quedar como prioridad, primeramente, la energía producida por las Hidroeléctricas, las cuales serán despachadas; en segundo lugar la energía generada por otras plantas de CFE; luego la energía eólica o solar de particulares y, finalmente, los ciclos combinados de empresas privadas.
Asimismo, reitera que el sistema eléctrico nacional “deberá ser alimentado en este orden: en primer lugar, subirse a la red distribución la energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía del ciclo combinado de empresas privadas”.
Por ello, subraya que la Nueva Política Energética demanda ajustes a la Ley de la Industria Eléctrica y que el sistema de despacho de los generadores eléctricos, impuesto a través de la emisión de dicha Ley, “es uno de los mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE”.
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