Del IFAI al Inai: La lucha por el derecho a saber &#8211; informacion.center

El 25 de octubre de 2002 nació el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la génesis del actual Inai. Fue el primer organismo encargado de obligar a todas las dependencias federales de México a transparentar el uso de sus recursos, así como el qué, el cómo y el porqué de sus acciones.

Este instituto surgió derivado de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a su vez fue producto de la alternancia democrática y del trabajo de un colectivo de periodistas y académicos conocido como Grupo Oaxaca.

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En su diseño original, el IFAI tenía como función central resolver las controversias derivadas de las solicitudes de acceso a la información estipuladas dentro de la nueva legislación. Sin embargo, terminó adquiriendo las funciones de un órgano regulador en materia de información y de protección de datos personales que cuida el cumplimiento de su aplicación y promueve una nueva cultura del manejo de la información.

El 24 de diciembre de 2002, un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación constituyó formalmente el IFAI como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que comenzó funciones como un órgano colegiado integrado por cinco comisionados designados por el titular del Ejecutivo.

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EL GERMEN

Varios son los antecedentes históricos que permitieron su nacimiento. El primero se remonta al año 1977, cuando el derecho a la información se reconoció en la Constitución mediante una reforma a su a Artículo 6° que incluyó la frase final: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Fue hasta la candidatura del panista Vicente Fox y de organizaciones como Alianza Cívica, que hicieron el uso del derecho de petición para conocer el ingreso mensual del entonces presidente Ernesto Zedillo y de la llamada “partida secreta”, que se empezó a hablar de transparencia.

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“Me comprometo a culminar el proceso de reforma electoral, impulsado en la última década por la oposición, para garantizar definitivamente condiciones equitativas de competencia y transparencia”, afirmó el entonces candidato a la Presidencia, Vicente Fox, el 30 de mayo del 2000, como parte de los 10 compromisos a cumplir durante su futuro gobierno.

Esta reforma electoral, que en realidad había comenzado a tomar forma desde el 22 de abril de 1997, desembocó en la subsecuente creación de comisiones y consejos de transparencia y combate a la corrupción.

Sin embargo, el antecedente más importante del IFAI se remonta al año 2001, cuando el Grupo Oaxaca, un movimiento conformado por académicos y activistas por la libertad de expresión, comenzó su lucha por “el derecho al saber”. Inició con un decálogo de acciones que desembocó en la redacción y negociación del anteproyecto en San Lázaro de lo que más adelante se transformó en la primer Ley Federal de Transparencia.

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El núcleo de este grupo lo conformaban el investigador Ernesto Villanueva; los académicos de la UNAM, Jorge Islas e Issa Luna Pla; Salvador Nava, de la Universidad Anáhuac; Juan Francisco Escobedo, de la Universidad Iberoamericana y los periodistas Roberto Rock y Jenaro Villamil, entre otros.

EL CAMBIO

Como suele suceder, la historia del instituto no ha estado exenta de problemas y de enfrentamientos por el control del organismo. Uno que trascendió fue cuando el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, en plena sesión pública, exhibió a su compañero Gerardo Laveaga por su “ambición” de querer quedarse con el dominio de la quinta parte de los cargos del instituto, acción que llevó al Senado de la República a tomar acciones para reglamentar y fortalecer al IFAI.

Fue así como el martes 5 de mayo de 2015, un día después de la publicación de la nueva Ley General de Transparencia, el IFAI cambió su nombre al de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). El cambio contó con el apoyo de la Red por la Rendición de Cuentas, que integra a más de 60 instituciones académicas, sociales y gubernamentales.

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No se trató de un simple cambio de nombre, sino que el Inai renovó su misión, visión y objetivos. Se transformó en un organismo autónomo con nuevas atribuciones garantes a nivel nacional. Además, creó comisiones de trabajo y aprobó 84 proyectos estratégicos con los que empezó a ejercer sus nuevas funciones y atribuciones con siete comisionados en lugar de cinco.

Con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), promulgada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se abrió una nueva etapa en la historia democrática de México al ampliar la exigencia de transparencia a sindicatos, partidos políticos, legisladores, órganos autónomos y cualquier persona física o moral que recibiera o ejerciera recursos públicos.

La nueva ley amplió sus facultades más allá de la Federación. Los estados y municipios también fueron obligados a dar detalles del dinero público que recibían.

Si bien el inicio del renovado organismo autónomo fue atropellado, poco a poco fue robusteciendo su estructura. Las mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia y la orden de apertura de casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán o el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio, forman parte de las contribuciones que este Instituto ha tenido con la sociedad.

Su labor también ha sido materia prima fundamental para lograr investigaciones periodísticas de gran calado como la Casa Blanca, la Estafa Maestra o las empresas fantasma de Javier Duarte, que han puesto contra las cuerdas –e incluso tras las rejas– a políticos del más alto nivel.

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Misión

Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa.¡

Visión

Ser una Institución Nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, reconocida por garantizar el cumplimiento y promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales como base para la participación democrática y un gobierno abierto.

Objetivos

➡️ Objetivo 1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

➡️ Objetivo 2: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones públicas.

➡️ Objetivo 3: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales.

➡️ Objetivo 4: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.