La repentina muerte e inmediata cremación del cuerpo de Ángel Manuel Moreno, un adolescente de 14 años que falleció en un albergue del DIF en Monterrey, en el Estado de Nuevo León, ha despertado una ola de sospechas de violencia infantil que el Gobierno rechaza. Entre otras irregularidades, las autoridades tardaron nueve días en informar del suceso, luego de que fue expuesto por medios locales. El sigilo en el manejo del caso ha provocado cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, y contrasta con la sobreexposición de menores en redes sociales por la que la administración actual ha sido previamente señalada.
Ángel Manuel Moreno murió por “causas naturales” después de sufrir un choque séptico, de acuerdo con el DIF de Nuevo León. Un médico externo acudió la madrugada del pasado 9 de febrero al albergue Fabriles, en la zona centro de Monterrey, para certificar el deceso, según explica la dependencia en un comunicado. “Tanto el servicio médico de emergencias, como el médico externo dan fe de que el menor falleció de muerte natural, sin presentar ningún signo de violencia”, remarca.
Posteriormente, el cuerpo de Ángel Manuel fue incinerado. “La cremación se realizó dentro del término que establece la Ley General de Salud, que señala que debe realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la muerte”, justifica el informe publicado más de una semana después. El fallecimiento del menor que llevaba 10 años en el DIF fue desvelado el pasado 16 de febrero por el medio digital Sin Pelos. De acuerdo con testimonios anónimos de trabajadores del albergue, los maltratos eran frecuentes y el adolescente presuntamente murió después de una paliza.
Según el DIF, las acusaciones carecen de veracidad. “Es falso que haya sido golpeado, sedado, agredido y que lo hayan dejado en un campo de fútbol”, afirma. La dependencia asegura que en todo momento Ángel Manuel estuvo bajo la supervisión de un médico de guardia, pero la noche del 8 de febrero sus síntomas se intensificaron, por lo que fue atendido por personal de emergencias. “Los paramédicos al revisarlo detectaron múltiples episodios de vómito, acompañado de síntomas gastrointestinales y fiebre”, indica. Su condición se fue deteriorando hasta que entró en estado de choque y tuvo un paro cardiaco respiratorio, a lo que procedió su muerte, concluye.
Para que un paciente llegue a tal extremo, varias etapas de la enfermedad tuvieron que haber sido pasadas por alto, según considera la médica Rosario Staines, quien ejerce en Monterrey. Entre las posibles negligencias que observa, destaca la falta de un traslado a tiempo al hospital. “Aunque no haya sido una causa de muerte violenta, sí hubo una omisión de cuidados para que el niño llegara a ese estado”, valora. En primer lugar, señala que una alimentación mal vigilada pudo provocar el padecimiento. Además de que una atención tardía probablemente lo agravó.
La especialista añade que cuando un menor de edad es ingresado en estado de colapso a algún hospital, las autoridades investigan a los familiares por negligencia de cuidados. “Más aún si el chico está interno en una institución estatal que se supone que debe velar por su bienestar”, apunta. La Fiscalía de Nuevo León solo ha informado de la apertura de una carpeta de investigación desde el 11 de febrero. “Esta autoridad inició el acopio de datos, diligencias y entrevistas a su alcance”, según explica en un boletín emitido el pasado domingo. Una semana después, la dependencia no ha dado más avances.
De vandalismo a protesta por maltratos
A los cuatro años, Ángel Manuel ingresó al sistema DIF y desde entonces vivió bajo la tutela del Estado. El centro Fabriles, sobrepoblado por atender a la niñez migrante, fue su último hogar. Hace tres meses, fue trasladado allí por participar en una supuesta riña en el albergue Capullos el pasado 28 de noviembre. Él y otros tres niños tomaron una sección de las instalaciones y causaron destrozos, según informó al día siguiente la titular de la Oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.
“Van a tener consecuencias porque ese fue un acto de vandalismo”, advirtió en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Además, negó que se haya tratado de una protesta por violencia hacia los niños, como trascendió entonces en la prensa. “No es un tema de maltrato del personal dentro de Capullos, es un tema de que los menores ya traen maltrato de sus situaciones y de sus familias”, reiteró. “Estos niños no tienen la culpa de tener trastornos psiquiátricos”, comentó antes de detallar los padecimientos de los cuatro menores que padecen una discapacidad intelectual.
Tras revisar el caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una lista de medidas precautorias. Entre ellas, solicitó “personal para la vigilancia y monitoreo permanente de los menores de edad, así como hacer inspecciones de seguridad en los dormitorios”. Sin embargo, de los malos tratos no se había pronunciado hasta la semana pasada cuando la presidenta Susana Méndez dio a conocer el cese de un empleado por este motivo. “En aquella ocasión de la riña se señalaba que uno de los encargados de la vigilancia los maltrataba y esa persona se despidió y se le está siguiendo un procedimiento”, expuso en una entrevista con Milenio.
La CEDH de Nuevo León también abrió una carpeta de investigación por el deceso del menor y envió una solicitud de información al DIF, la cual venció el viernes 25 de febrero. “Pedimos información del personal paramédico, de la ambulancia que acudió al lugar, el servidor público que haya autorizado la cremación y las razones fundamentales de los motivos de esa determinación”, puntualiza. El albergue Fabriles ya había sido señalado en septiembre pasado por la Comisión debido al exceso de población, que llegó a superar el 350% de su capacidad. Además de que un mes atrás, una decena de menores escaparon de ese lugar por supuestos maltratos.
El fallecimiento de Ángel Manuel ha destapado otra cara del Gobierno actual que desentona con la imagen que el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez ostentan en sus redes. A diferencia de otros temas relacionados con el DIF que la titular de Amar a Nuevo León ha explotado en sus publicaciones, este hecho casi ni lo ha mencionado. Por su parte, García ha negado que el menor haya sufrido algún tipo de violencia y ha asegurado que la dependencia “no tiene nada que esconder”. “Lo digo con mucho respeto y con mucha profundidad, no se vale con información falsa decir que se ha asesinado a un niño en el DIF”, ha sostenido.
“No podemos pasar la página”
El Gobierno tiene la obligación de esclarecer las presuntas irregularidades alrededor del caso, según sostiene la Red por los Derechos de la Infancia (Redim). “Llama la atención el silencio institucional ante la muerte de un niño en las instalaciones del DIF vinculado a las medidas precautorias de la CEDH y ante las denuncias publicadas desde el 16 de febrero”, advierte. “Si ‘en todo momento estuvo bajo la supervisión del médico de guardia’, es inadmisible que la muerte sucediera por malestares estomacales que culminaron de manera repentina en sepsis”, cuestiona.
La fundadora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), Consuelo Morales, considera que este caso comparte similitudes con las desapariciones forzadas que aquejan desde hace años al Estado. “A mí me parece que con Ángel Manuel actuaron como actúa la delincuencia organizada al tratar de desvanecer las evidencias”, señala la acompañante de familiares de personas desaparecidas. “Que las autoridades no tengan miedo de asumir la verdad de lo que pasó para que busquemos la justicia y que se haga la reparación y no que se solape a quienes hayan cometido este terrible hecho”, exige. “No podemos aceptar la muerte natural y pasar la página porque no sabemos cuántos menores estén en peligro”, advierte.
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