México aguarda este lunes la respuesta de 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos demandados por traficar armas. La contestación es el paso siguiente de un importante litigio con el que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende resarcir parte del daño de décadas de violencia del narcotráfico. La Administración ha pasado a la ofensiva en uno de los temas más añejos —y complicados— para la relación bilateral. El cuerpo diplomático mexicano en la nación norteamericana ha sido instruido para convertir el tema en una prioridad mientras el canciller Marcelo Ebrard abre el debate en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en busca de aliados.
La cónsul de México en Los Ángeles, explicó que la demanda, por la vía civil, es por “prácticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa”. “Se trata de hacer responsables a las empresas”, afirmó la embajadora, quien critica cómo las compañías han adaptado sus productos al mercado mexicano. Entre estos están los de Colt, uno de los demandados, que tiene entre sus pistolas la calibre .38 El Jefe; la calibre .38 El Grito y la Emiliano Zapata 1911, que tiene inscrita en el cañón la frase atribuida al revolucionario: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”. Estos modelos son codiciados por los narcos mexicanos. Uno de los sicarios que asesinó en 2017 a la periodista Miroslava Breach utilizó una de estas armas. Entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México entraron ilegalmente por la frontera norte.
“Cuando uno compara las gráficas de venta de armas en Estados Unidos con las de asesinatos en México, la correlación es muy importante, como del 80%”, apunta Eugenio Weigend, especialista en violencia armada del Center for American Progress. Tres factores han disparado el tráfico desde el norte: un incremento sustancial en la producción de armas de asalto desde mediados de la década del 2000; la flexibilización de las normas estatales para adquirir armas y la regulación prácticamente nula de las expos de armas y las compras por internet.
La frontera entre ambos países
Es una zona al rojo vivo pare este comercio. Mientras todo el mundo es testigo de la llegada de decenas de miles de migrantes del sur a las puertas de Estados Unidos, al mismo tiempo hay un tráfico invisible en sentido inverso. México cifra en medio millón de armas anuales el volumen del tráfico, lo que suma unas 10 millones en dos décadas. Uno puede tener una idea de la fortaleza del negocio por el número de armerías que han brotado en los más de 3.000 kilómetros de frontera.
Hace una década había 8.354 vendedores registrados en los cuatro Estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas). Para 2019 se habían registrado 1.569 más a pesar de que el número de distribuidores nacionales había decrecido cerca del 2%. Las armerías de la frontera despachan dos veces más armas que el resto de tiendas en el paìs, de acuerdo a cifras de la oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, una dependencia que lleva seis años descabezada por la renuencia de los republicanos a confirmar un nombramiento.
La ofensiva mexicana por el tema requiere un delicado encaje político en un país donde el derecho a la tenencia de armas está protegida por la Constitución. “Esta demanda no cuestiona las leyes, políticas o acciones de Estados Unidos o su Gobierno”, argumenta la parte mexicana en el litigio, presentado en agosto. “El caso no tiene nada que ver con la segunda enmienda… Los cárteles no están protegidos por la segunda enmienda y los demandados no tienen derecho a suministrarles armamento”, continúa el texto.
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