En los centros médicos de América Latina, una imagen se repite con frecuencia: mujeres esperando en las salas de consulta. Son madres, abuelas o parejas que, armadas con documentos, se encargan de gestionar citas, verificar recetas y cuidar de sus seres queridos. Esta representación ha tomado un lugar central en la estructura familiar y evidencia cómo las tareas de cuidado se han normalizado y en gran medida recaen en las mujeres.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 60% de quienes participan en actividades de cuidado, como la atención a niños, adultos mayores o personas con discapacidades, son mujeres en América Latina y el Caribe. La carga de estas tareas se distribuye en actividades instrumentales, que abarcan desde la gestión financiera hasta la salud, y actividades básicas de la vida diaria, que incluyen comer, asearse y desplazarse.
Este escenario impacta directamente en la posibilidad de que las cuidadoras cuenten con empleos remunerados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que las mujeres con dependientes a su cargo son más propensas a estar empleadas en la economía informal, lo que aumenta su vulnerabilidad y dificulta su acceso a sistemas de protección social.
En países como México, Colombia y Costa Rica, las mujeres tienen una participación laboral un 30% inferior en comparación con los hombres. Por contraste, en Canadá, donde existe un sistema de protección médica y cuidado infantil universal, esta diferencia se reduce a un 6%. Este desbalance se traduce en una carga adicional para las mujeres, quienes suelen asumir dobles jornadas laborales, compaginando trabajo y responsabilidades del hogar.
El trabajo de estas cuidadoras no remuneradas afecta a unos 25 millones de personas en Latinoamérica. De acuerdo a estimaciones, dedican alrededor de 8,5 horas semanales a estas funciones, colocando la mayor parte del peso del cuidado en sus espaldas.
Las tendencias actuales, según la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, abogan por que las naciones implementen redes de cuidado público, dado que mantener ese rol exclusivamente dentro del ámbito familiar resulta insostenible en un contexto de envejecimiento poblacional y menor tasa de natalidad. Los Estados deben no solo construir instalaciones, sino también capacitar a profesionales en el área.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó una encuesta sobre la formación de cuidadores en la región, revelando que cuatro de cada diez no reciben capacitación, mientras que solo un porcentaje menor asiste a cursos formales. Esto plantea un desafío: si bien existen opciones de formación en organizaciones y entidades privadas, se requiere más esfuerzo estatal para garantizar que estas enseñanzas sean accesibles y eficientes.
A la fecha de 2026, Uruguay y Costa Rica son ejemplos de países que han implementado sistemas nacionales de cuidados de larga duración. La inversión en capacitación se traduce en servicios de atención de mayor calidad y crea oportunidades de empleo, fortaleciendo la integración de los cuidadores en los sistemas de protección social, un aspecto vital en la actualidad.
Además, la situación se complica en algunos países debido a recortes en prestaciones sociales. Por ejemplo, en México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha limitado la capacidad de atención en centros, lo que ha repercutido en la calidad del apoyo a quienes requieren cuidados. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, también ha visto reducciones en espacios educativos que podrían impactar aún más la situación de las mujeres en el mercado laboral y la atención a los necesitados.
Frente a este panorama, instituciones como ONU, OCDE y BID promueven la inclusión masculina en las labores de cuidado, reconociendo que este cambio es esencial para lograr la igualdad de género. La disparidad en derechos legales, donde las mujeres poseen solo el 67% de lo que tienen los hombres, subraya la necesidad de transformar las condiciones sociales y económicas que alimentan estas desigualdades. Si no se acelera el progreso, podría tomar hasta 286 años cerrar estas brechas, una realidad que enfatiza la urgencia de una acción decisiva en este ámbito.
En resumen, el papel de las mujeres como cuidadoras es esencial y debe ser reconocido y apoyado a nivel social y económico, no solo por el bienestar de las familias, sino también para construir sociedades más equitativas y sostenibles.
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