En México, la situación de las mujeres indígenas adultas mayores es alarmante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, un abrumador 96.7% de este grupo en el ámbito rural ha transcurrido su vida sin acceso a la seguridad social, es decir, sin la posibilidad de acceder a empleos formales que ofrecieran beneficios como pensiones, vivienda o vacaciones. Este porcentaje contrasta drásticamente con el 57.7% de las mujeres no indígenas en las ciudades que enfrentan la misma realidad, lo que revela una brecha significativa de 39 puntos porcentuales entre ambos grupos.
La evolución de esta brecha es inquietante. Aunque entre las mismas mujeres indígenas ha disminuido ligeramente, del 97.5% en 2016 al 96.7% en la actualidad, al comparar con las mujeres no indígenas, la desigualdad se ha ampliado, pasando de 29.3 a 39 puntos. Así, mientras las mujeres no indígenas en zonas urbanas siguen incrementando su participación en el mercado laboral formal, las indígenas continúan rezagadas, atrapadas en un ciclo de informalidad que las margina aún más.
Marianela Fernández, coordinadora de la estrategia de Justicia Laboral de Oxfam, subraya que la seguridad social debe ser vista como un derecho humano y no como un privilegio. En las comunidades indígenas, donde más del 80% de las mujeres laboran en la informalidad, las condiciones de trabajo son precarias; muchas se involucran en actividades económicas con escasa regulación y carecen de contratos. Por ejemplo, las jornaleras agrícolas de Guerrero enfrentan un futuro incierto, trabajando de manera temporal, sin protección ni acceso a beneficios sociales.
La falta de acceso a la educación exacerba esta problemática. Sandra Alarcón, de la organización Tlachinollan, revela que muchas mujeres jornaleras son monolingües y carecen de habilidades de lectura y escritura, lo que limita sus opciones laborales. Además, destaca la ausencia de coordinación entre las autoridades a diferentes niveles, impidiendo el cumplimiento de estándares que garanticen la seguridad social en sus empleos.
Aunque se han realizado esfuerzos desde el gobierno actual para visibilizar estos problemas, las políticas públicas aún son insuficientes. Las promesas de contratos con prestaciones son frecuentemente incumplidas, dejando a estas mujeres vulnerable y desprotegidas, una realidad que requiere atención urgente.
Este panorama no solo refleja una injusticia social, sino un desafío al que el Estado mexicano debe responder con determinación y compromiso, garantizando que las mujeres indígenas tengan acceso a los derechos laborables y sociales que merecen. La reflexión crítica sobre estas realidades es fundamental para inspirar cambios necesarios en un sistema que, en muchos aspectos, aún las mantiene en la sombra.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
