La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha pronunciado por primera vez de forma contundente sobre el plan de recuperación polaco, uno de los pocos que sigue a la espera de recibir el visto bueno de Bruselas: la reforma del poder judicial es una “condición sine qua non” para recibir los multimillonarios fondos, ha dicho este jueves la jefa del Ejecutivo comunitario en una comparecencia. Sus palabras llegan después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) condenara este miércoles a Polonia a pagar una multa de un millón de euros al día –la más alta diaria jamás impuesta por la justicia europea– por no paralizar las actividades de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo del país, un órgano que amenaza la independencia de los jueces, según estima Bruselas, y que se encuentra en el centro mismo de los requisitos que exige Bruselas.
Von der Leyen ha explicitado así uno de los compromisos que Polonia deberá asumir como condición para acceder a los 36.000 millones de euros que ha solicitado a la UE (entre subvenciones y préstamos) para dejar atrás el frenazo económico de la pandemia. “Siempre he sido muy clara: queremos poner en este plan de recuperación y resiliencia un claro compromiso de que se desmantele la sala disciplinaria, de terminar o reformar el régimen disciplinario, y de comenzar un proceso para restituir a los jueces”, ha expuesto.
La idea que maneja Bruselas consiste en colocar entre los hitos del plan las reformas judiciales, incluido el desmantelamiento de la controvertida sala. En el último Consejo Europeo, celebrado la semana pasada en Bruselas, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, reiteró que tiene en sus planes su reforma. “Lo repetimos ahora”, se comprometió ante sus homólogos, “pero ni el Gobierno ni el Parlamento actuarán bajo la presión de ningún chantaje”.
Esta sala es un órgano todopoderoso que, entre otras cosas, puede llegar a sancionar a jueces que apliquen la primacía del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el órgano judicial europeo. Tras ser llevada al tribunal de Luxemburgo por la Comisión, el TJUE ha exigido la suspensión cautelar de sus actividades con el fin de evitar causar un “perjuicio grave e irreparable” mientras toma la decisión definitiva.
La intervención de Von der Leyen supone el broche a semanas de tensión entre Varsovia y Bruselas a cuenta del Estado de derecho, una situación agravada después de que el Tribunal Constitucional polaco cuestionara la primacía del derecho comunitario y al mismísimo TJUE, colocando al país a un paso de la ruptura legal con la UE. La cumbre de líderes de la semana pasada templó algo el tono, una distensión que también flota en las palabras de Von der Leyen. “Yo creo que es factible. Y espero que logremos llegar a un acuerdo”, ha dicho.
Polonia es, junto a Hungría –compañeras en múltiples batallas contra Bruselas– uno de los cinco países de la UE que aún no ha recibido el visto bueno a su plan de recuperación, a pesar de haberlo enviado a la capital europea en mayo. Y la Comisión es consciente de que tiene en los jugosos fondos una poderosa herramienta financiera con la que apretar las tuercas del díscolo vecino del este.
Von der Leyen ha asegurado en su intervención que se ve perfectamente viajando a cualquier capital europea, incluida Varsovia, con la carpeta azul de los fondos Next Generation EU bajo el brazo para simbolizar la aprobación del plan de recuperación y la entrega del primer cheque. A España, que fue uno de los primeros países en recibir el visto bueno, la presidenta del Ejecutivo comunitario viajó el pasado mes de junio, con la carpeta azul bajo el brazo. El plan polaco lleva desde mayo en un limbo, a la espera de las reformas requeridas.
Y, entre tanto, el sistema judicial polaco sigue sumando causas en su contra. La Red Europea de Consejos de Justicia, una organización que aglutina a distintos cuerpos europeos de representación de jueces, ha votado este jueves expulsar al nuevo Consejo Nacional de la judicatura de Polonia, al considerar que ha dejado de cumplir con sus estatutos. El citado órgano “no salvaguarda la independencia del Poder Judicial”, ha detallado la Red en un comunicado, y tampoco defiende a los jueces, “frente a cualquier medida que amenace con comprometer los valores fundamentales de independencia y autonomía”.
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