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El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona investiga la querella presentada por cuatro empleados de la compañía Majorel por el impacto que tuvo sobre su salud el continuo control de imágenes y vídeos de la plataforma TikTok. Tres responsables de Majorel que han declarado ante el tribunal este lunes han puesto en duda la versión de los demandantes y han señalado que el visionado de imágenes perturbadoras era “algo residual”, de apenas un 1% de los videos, en el centro de Barcelona porque ese trabajo se realizaba desde otras instalaciones de la compañía fuera de España.
El origen de la querella se remonta a 2019, cuando una mujer, después se han añadido tres personas más a la querella, entró a trabajar en Majorel los fines de semana, en el que a pesar de tener un contrato como teleoperadora, asumía las funciones de visionar, revisar, filtrar y aprobar o eliminar contenidos que habían generado y subido a la red social sus usuarios. En un principio, dada su nacionalidad alemana, empezó a encargarse del contenido del mercado alemán y a partir de 2023 pasó a encargarse del mercado español. En todo caso, lo que tuvo que afrontar, según su denuncia de la que se encarga el letrado Francesc Feliu, es un sinfin de imágenes que mostraban desde asesinatos a decapitaciones, violaciones, pornografía infantil, torturas y suicidios.
A causa de lo vivido en aquella época, la mujer tiene un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, después de haber sufrido trastorno ansioso-depresivo y de ansiedad desde 2021, según sus informes médicos. En junio de 2023 presentó varias demandas a la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social en las que explicó las condiciones de su empleo, que abrieron un expediente sancionador y propuso una sanción de 15.000 euros. Responsables de la Inspección declararon la semana pasada ante el Juzgado que Majorel no habilitó hasta 2021 un servicio de cuidado para sus empleados.
Este lunes han declarado ante el juez tres de los cuatro directivos de Majorel (el director general y el de operaciones y un responsable de recursos humanos) que estaban citados, en una declaración que se ha prolongado durante casi una hora y media. Los tres han mantenido que en Barcelona no se realizaba generalmente el filtrado de imágenes como las relatadas por la exempleada, que eran tan solo “residuales” en el servicio de Barcelona al estar encargadas en otros centros de trabajo de Majorel.
Según el relato de la querella, Majorel puso en marcha a partir de 2021 una oferta de actividades en grupo de los empleados y con psicólogos para asistir, diagnosticar enfermedades mentales y proporcionar ayuda médica a la plantilla ante el trabajo que asumían. Los directivos han señalado que no fue hasta entonces que se pudiera en marcha un plan de evaluación de riesgos psicosociales porque hasta entonces TikTok era una aplicación que apenas se centraba en actividades musicales de sus usuarios.
La trabajadora que se ha decidido ahora a denunciar decidió en junio de 2023 acudir a Urgencias por cuadros de ataques de pánico, vómitos y mareos, por lo que se le prescribió una baja médica que se prolongó hasta diciembre de ese mismo año. Según denunció, su trabajo requería grandes niveles de atención en el visionado de videos con una alta carga de contenidos. La querella presentada explica los casos de otras denuncias presentadas por el mismo problema en Kenya y Canadá.
No es la primera querella sobre la moderación de contenidos en las redes sociales que ha saltado a los juzgados de Barcelona. El mismo letrado que se encarga de la de TikTok, Francesc Feliu, ha presentado otra que afectan a la sociedad CCC Barcelona Digital Services, encargada del filtrado de contenidos de las plataformas de Meta: Facebook, Messenger e Instagram. Los 29 trabajadores tenían que visionar contenido del mismo tipo que la empleada de Majorel y sufrieron patologías similares.
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