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Se han necesitado dos décadas de difíciles negociaciones para activar el acuerdo internacional que ofrece una protección legal para nada menos que la mitad del planeta. Pero por fin este sábado 17 de enero de 2026 ha entrado en vigor el conocido como Tratado de Alta Mar, que entre otras cosas permitirá la creación de reservas marinas en las aguas internacionales. Se trata de una descomunal área que hasta ahora ha sido “zona de todos y responsabilidad de nadie”, como lo define la abogada costarricense Gladys Martínez de Lemos, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Esta entrada en vigor se produce gracias a que 82 países han ratificado el texto legal. Era necesario que al menos 60 dieran ese paso, algo que ocurrió en septiembre, para que el tratado estuviera operativo 120 días después de que se alcanzara esa cifra, un plazo que se cumple este sábado. En el plano práctico se abre a partir de ahora el proceso para la creación de las reservas marinas para conservar las áreas de más valor. El gran objetivo del pacto es que al menos el 30% de las aguas internacionales tengan alguna protección en 2030. En el plano político su entrada en vigor en el contexto internacional actual es interpretada por muchos como una defensa del multilateralismo frente a los que, como Donald Trump, atacan la ONU y los acuerdos medioambientales.
Mientras EE UU revierte sus políticas climáticas y ambientales, China parece querer dar un paso al frente y este viernes envió un escrito a Naciones Unidas en el que ofrece la ciudad portuaria de Xiamen como sede del secretariado de este nuevo tratado. El escrito de ofrecimiento está encabezado por Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, que defiende la entrada en vigor del acuerdo como un “triunfo del multilateralismo”. Además, aboga por un “orden internacional basado en las leyes” y cierra filas con la ONU. Chile y Bélgica también se han postulado para acoger ese secretariado.
“Es más necesario que nunca trabajar unidos y defender el multilateralismo”, valora por su parte la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al referirse al acuerdo y su puesta en marcha. España fue el primer Estado de la UE en presentar el instrumento de ratificación ante la ONU. Entre los 82 países que ya han hecho lo mismo están importantes economías, como el conjunto de la UE, Brasil y, sobre todo, China, que intenta ahora mostrar liderazgo en este asunto. 65 países más lo han firmado, aunque no ratificado aún.
El Gobierno de EE UU lo firmó en 2023 y participó activamente en su redacción durante el mandato del demócrata Biden. Ahora, al igual que Rusia, no lo ha ratificado y tampoco se espera que lo haga porque, justamente, está remando en la dirección contraria: saliéndose de organismos internacionales vinculados a la ONU y abandonando algunos acuerdos ambientales. De hecho, la entrada en vigor de este tratado se produce diez días antes de que se consume la espantada climática más sonada de Trump: la oficialización de la salida del Acuerdo de París a partir del 27 de enero.
Pero lejos de fijarse en aquellos que no están, Rebecca Hubbard, directora de la Alianza por la Alta Mar, una organización que reúne a ONG y asociaciones y que lidera desde hace más de una década las presiones para la elaboración de este acuerdo, prefiere fijarse en los que sí están a bordo. “El apoyo de tantos países de todas las regiones del mundo y tamaños”, añade Hubbard, “es un rayo de esperanza para el multilateralismo en estos tiempos tan desafiantes en la política global”.
Los países miembros del tratado deberán presentar a partir de ahora las zonas candidatas a ser declaradas reservas para su protección. Pero la Alianza por la Alta Mar ya tiene sobre la mesa ocho propuestas de áreas con un extraordinario valor medioambiental. Tres están en el Atlántico: Ciudad Perdida, Mar de los Sargazos y Dorsal de Walvis. Cuatro, en el Pacífico: Domo Térmico, Dorsal de Salas y Gómez, Montes Submarinos Emperador y Mar de Tasmania. Y una más, en el Índico: Saya de Malha.
“Las propuestas deben salir de los Estados parte, y son ellos mismos los que decidirán sobre la designación”, detalla Martínez de Lemos. Pero en varios casos tanto la Alianza por la Alta Mar como AIDA están trabajando ya en colaboración con los Gobiernos para armar las propuestas de áreas protegidas. Así está ocurriendo con los Gobiernos de Costa Rica y Chile, en el caso del Domo Térmico y de Salas y Gómez, respectivamente.
Una (paradójica) bendición
En el plazo máximo de un año se debe celebrar la primera conferencia de las partes de este tratado, conocida por las siglas COP. Ya se están llevando a cabo reuniones previas entre los países que forman parte de la ONU con vistas a esa primera COP y al diseño de la arquitectura de funcionamiento de este acuerdo. Pero, como recuerda Martínez de Lemos, cuando llegue la hora de la verdad, la de decidir qué áreas se protegen y todas las reglas del tratado, en la primera conferencia “solo votarán los Estados que lo han ratificado”. “Los que no, pueden participar, pero como observadores”, añade. Llegados a ese punto, “no tener a países que están teniendo una política muy agresiva y revisionista contra la Agenda 2030 y los Objetivos sobre Desarrollo Sostenible, es una bendición para el tratado”, opina Alejandro Lago, experto en negociaciones ambientales y profesor de Derecho Internacional.
En las últimas reuniones de la ONU de los diferentes pactos y convenios medioambientales celebradas desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca hace un año, EE UU se ha mostrado muy beligerante contra aquellos que, por ejemplo, han intentado poner en el centro de los debates sobre el cambio climático los combustibles fósiles. Y en varios casos ha ayudado a bloquear las conversaciones. Por eso, algunos expertos interpretan que la ausencia de las negociaciones sobre el Tratado de Alta Mar en la fase decisiva que se abre ahora puede tener efectos positivos.
Este acuerdo no solo incluye la creación de áreas protegidas en estas aguas, también prevé el establecimiento de nuevas normas para poder elaborar evaluaciones de impacto ambiental de las actividades económicas que se puedan desarrollar en estas zonas. Y establece mecanismos para asegurar una distribución equitativa de los beneficios genéticos que puedan obtenerse de descubrimientos futuros.
“Al convertirse en una norma de obligado cumplimiento, el tratado inaugura una nueva era de gobernanza y cooperación oceánicas con un inmenso potencial para lograr unos océanos y una economía más saludables y resilientes”, valora por su parte Kirsten Schuijt, directora general de WWF International. “Es un momento histórico para los océanos”, añade Rizza Sacra-Dejucos, coordinadora de la región asiática de la Alianza por la Alta Mar: “Por primera vez tenemos un instrumento legal para proteger la mitad de nuestro planeta”.
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