Trump entierra las negociaciones con Brasil y le aplica el 50% de arancel

El Gobierno de Donald Trump redobla su apuesta contra Brasil. Los sufridos intentos negociadores del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se encontraron con un portazo antes incluso de que terminara el plazo del 1 de agosto. La Casa Blanca no esperó más y confirmó este miércoles que el gigante sudamericano estará expuesto a unos aranceles del 50%, los más altos del mundo.

La Casa Blanca vinculó el castigo a “las recientes políticas, prácticas y acciones por parte del Gobierno de Brasil que constituyen una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”. La orden ejecutiva, si bien es muy dura, excluye del castigo tarifario de los aviones civiles fabricados por Embraer, una de las empresas más emblemáticas de la industria nacional brasileña. Las acciones de la compañía subían más del 7% en la bolsa de São Paulo apenas conocida la noticia. También quedaron exceptuados del 50% de arancel productos como el silicio, el estaño, la pulpa de madera, los metales preciosos y los fertilizantes.

El castigo dejó las cuestiones comerciales de lado —Estados Unidos tiene superávit con Brasil desde hace años— y se centró en las políticas: la supuesta persecución de las autoridades brasileñas contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por un presunto intento de golpe de Estado. El juez del Tribunal Supremo que lo sentó en el banquillo, Alexandre de Moraes, se enfrentará a más sanciones y a un bloqueo económico casi total en Estados Unidos.

El decreto que confirma el tarifazo habla de “intimidación y censura” del Gobierno brasileño contra Bolsonaro y sus simpatizantes, a pesar de que el proceso está liderado por el Supremo. Lula se ha quejado en varias ocasiones de que Trump no reconoce que en Brasil existe separación de poderes. El texto de la Casa Blanca cita directamente al juez Moraes, al que acusa de abusar de su autoridad judicial para intimidar a sus oponentes políticos. Poco antes, el Gobierno de Estados Unidos aplicó al magistrado la llamada Ley Magnitsky, pensada para violadores de los Derechos Humanos.

También carga contra el juez por su batalla contra la impunidad de los delitos de odio y la desinformación en las redes sociales, recordando que cuando empresas tecnológicas de Estados Unidos se han negado a cumplir sus órdenes (en base a la legislación brasileña) se les han impuesto multas, se han abierto procesos penales a sus directivos o se han congelado activos. Es una alusión velada al enfrentamiento con X (antes Twitter), que tras negarse repetidamente a cumplir decisiones judiciales estuvo bloqueado en Brasil durante semanas. Al final, Elon Musk se rindió y acató la ley. Los intentos de las autoridades brasileñas por responsabilizar a las grandes empresas tecnológicas por el contenido que se publica en redes sociales, y el impacto económico que eso les genera, son parte importante del enfado de Trump con Brasilia, más allá de las cuestiones personales de Bolsonaro.

Al juez se le aplicará ahora la llamada Ley Magnitsky. En caso de que tenga empresas en Estados Unidos, serán bloqueadas. Tampoco podrá realizar transacciones financieras con empresas o ciudadanos del país con tarjetas de crédito de bandera estadounidense.

El juez fue incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos. El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la decisión tiene que ver con los problemas judiciales de Bolsonaro. “Moraes está detrás de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los Derechos Humanos y procesos judicializados con motivación política, incluyendo al expresidente Jair Bolsonaro”, afirmó.

El juez más mediático de Brasil está en el punto de mira desde hace tiempo. A mediados de mes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se revocaban los visados de entrada a Estados Unidos de Moraes y otros jueces del Supremo y sus parientes. No todos, únicamente los que el Gobierno Trump considera cómplices de la “caza de brujas” contra Bolsonaro.

La posibilidad de que el magistrado fuera castigado sonaba desde hace tiempo, ya que era el objetivo primordial del diputado Eduardo Bolsonaro en su cruzada personal contra el juez. El hijo del expresidente, instalado en Washington desde hace meses para presionar en favor del chantaje a Brasil, lo festejó como un “hito histórico” y aprovechó para exigir de nuevo que el Congreso brasileño apruebe una amnistía para su padre y el resto de presuntos golpistas para “restaurar la paz”.

La norma que ahora se usa contra la Justicia brasileña fue creada en 2012 en homenaje al abogado ruso Sergei Magnitsky, que murió en la cárcel tras denunciar un esquema de desvío de dinero por parte de autoridades rusas. La idea inicial era castigar a oligarcas y miembros del Gobierno ruso, pero cuatro años después se decidió que la ley podría usarse en casos más amplios de violaciones de Derechos Humanos y aplicarse a ciudadanos de todo el mundo.

Para la extrema derecha brasileña, Moraes es el símbolo de todo lo que detestan y la principal diana del odio radical, más incluso que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El motivo más obvio es que lidera el juicio contra Bolsonao, que en septiembre podría enfrentarse a una condena de hasta 43 años de cárcel por haber liderado un intento de golpe de Estado contra Lula tras las elecciones de 2022.

Pero la desidia hacia el juez viene de lejos. Antes de que Bolsonaro se sentase en el banquillo, había mandado a la cárcel a decenas de participantes en los altercados del 8 de enero en Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron el Congreso, el Supremo y la sede del Gobierno. Y antes de eso ya venía liderando una lucha contra la desinformación y los discursos de odio en las redes sociales que derivó en sonoros encontronazos con las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Los tímidos intentos de regulación de la selva de Internet que ha dado Brasil en los últimos tiempos también han soliviantado al Gobierno Trump, que citó el supuesto cerco a las ‘big techs’ en sus justificaciones para castigar a Brasil con el tarifazo más alto del mundo.