Ortega elimina el derecho a la doble nacionalidad en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega ha ordenado eliminar desde este martes la doble nacionalidad en Nicaragua. “La nacionalidad nicaragüense se perderá al adquirir otra”, reza el artículo 23 de la Constitución Política, reformado en segunda legislatura por una Asamblea Nacional controlada por el oficialismo. La medida, anunciada en mayo de 2025, culmina ahora con una segunda votación que se inscribe en un proceso de modificación total de la Carta Magna orientado a garantizar la permanencia en el poder de Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, sepultar los restos de la separación de poderes y convertir en norma constitucional prácticas represivas que hasta ahora se habían aplicado de facto, como la desnacionalización de opositores.

La eliminación del derecho a la doble nacionalidad había sido anunciada durante un acto oficial por el natalicio de Augusto C. Sandino, en 2025. Los diputados oficialistas leyeron la exposición de motivos de la reforma constitucional ordenada por Ortega y Murillo y aseguraron que tenía un carácter “antiimperialista” y estaba dirigida a frenar supuestas “injerencias extranjeras”. “El argumento [de la reforma] es absolutamente sólido: es un argumento histórico, pero además es real; nadie debe servir a dos patrias”, afirmó entonces Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los principales operadores políticos de los copresidentes.

El anuncio de la anulación del derecho a la doble nacionalidad generó zozobra entre amplios sectores de la población. Decenas de nicaragüenses recurrieron a las redes sociales para expresar su descontento y sus dudas ante la reforma constitucional, un gesto poco habitual en un país donde el temor a opinar públicamente persiste por el riesgo de represalias penales. La principal inquietud es si la pérdida de la nacionalidad tendría carácter retroactivo y afectaría a miles de nicaragüenses con una o más ciudadanías. Días después, el mismo Porras apareció en televisión para asegurar que la normativa no se aplicaría de forma retroactiva. “Deben estar tranquilos”, afirmó el presidente del Parlamento.

La promesa de que la reforma no será retroactiva sigue siendo puesta en duda por críticos del régimen sandinista. Según el abogado Juan Diego Barberena, el argumento oficial “contrasta con los hechos”. En febrero de 2023, el régimen Ortega-Murillo despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos y los desterró a Estados Unidos en condición de apátridas. Días después, repitió la medida contra otras 94 personas en el exilio. En ese momento, Nicaragua no contaba con ninguna reforma constitucional vigente que amparara legalmente esa decisión, pero se hizo de facto.

El régimen publicó la Ley No. 1190 el 22 de enero de 2024 en La Gaceta. La norma reformó el artículo 21 de la Constitución para permitir el despojo de la nacionalidad a quienes considerara “traidores a la patria”. Es decir, el Estado aprobó el marco legal casi un año después de haber ejecutado la medida, en una violación abierta del principio universal de irretroactividad que protege los derechos ciudadanos en cualquier Estado de derecho.

Barberena también contextualiza que esta disposición constitucional no es nueva, sino una reversión deliberada de reformas previas. “La Constitución de 1987 establecía que la nacionalidad nicaragüense se perdía por la adquisición voluntaria de otra. Pero la reforma del año 2000 eliminó esa pérdida como un derecho, para no inhibir electoralmente a los exiliados que habían adquirido otra nacionalidad en los años setenta y ochenta”, detalla.

Para el jurista en el exilio, lo que hace ahora el régimen es dar marcha atrás a esa garantía con un propósito claro. “Refuerzan una causa de inhibición electoral. No solo por traición a la patria, sino también por el simple hecho de haber adquirido otra nacionalidad, como la española. Es una doble prohibición para impedir que estas personas puedan aspirar a cargos públicos”, advierte, en referencia a las decenas de opositores naturalizados por España.

Los críticos insisten en que la reforma apunta directamente contra la diáspora que huyó de la represión desde 2018, cuando hubo una brutal represión contra protestas antigubernamentales, y logró refugiarse y naturalizarse en países como Costa Rica, España o Estados Unidos. Al mismo tiempo, abre al régimen la posibilidad de despojar de su ciudadanía a cualquier persona que catalogue como “traidor a la patria”, una etiqueta que aplica de forma discrecional, sin pruebas ni procesos legales formales, y que además implica la confiscación de bienes.

Durante la votación en segunda legislatura de la nueva reforma, el oficialismo insistió en otra narrativa. “Nicaragua, en ejercicio de su soberanía, debe garantizar que su ciudadanía no sea instrumentalizada por intereses foráneos o contradictorios. Ser nicaragüense no es un título, sino un acto de entrega a la defensa de la independencia, soberanía y autodeterminación. Quien elija otra bandera, renuncia voluntariamente a su lugar en la patria de Sandino”.