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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido que su país ha entrado en una guerra “no internacional” con los carteles de la droga, a cuyos miembros considera ahora “combatientes ilegales”. Así lo indica un memorándum notificado al Congreso y filtrado a varios medios del país.
El paso, del que el periódico The New York Times ha sido en primero en informar, se da después de que las fuerzas estadounidenses hundieran en el último mes al menos tres lanchas que supuestamente transportaban droga en aguas internacionales en el Caribe, en ataques en los que han muerto 17 personas. Al menos dos de las embarcaciones habían partido de las costas venezolanas. Un grupo de senadores demócratas había exigido a la Casa Blanca en una carta explicaciones sobre la legalidad de los ataques y le recordaba que el Congreso debe dar permiso al presidente para que autorice un ataque militar, de acuerdo con la ley estadounidense de poderes de guerra.
Según el New York Times, el memorándum confidencial se envió esta semana a varios comités del Congreso. En él se especifica que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los carteles de la droga que la Administración ha declarado organizaciones terroristas, y los traficantes de esos grupos son “combatientes ilegales”.
En un conflicto armado, una nación puede atacar a los combatientes de otra aunque esos guerreros no estén peleando en esos momentos, puede detenerlos y puede someterlos a juicios militares. Al caracterizar la campaña contra los carteles como un conflicto armado, la Administración Trump parece estar tratando de alegar poderes extraordinarios de guerra para justificar los ataques contra las lanchas en el Caribe. Numerosos expertos y organizaciones de los derechos humanos consideran esos ataques ilegales.
Según la agencia de noticias AP, funcionarios del Pentágono no han podido ofrecer una lista de cuáles son las organizaciones designadas como terroristas incluidas en este conflicto no internacional, algo que representa “una gran fuente de frustración para algunos de los legisladores” a los que se ha notificado el memorándum, según las fuente citadas por este medio.
“Lo que la Administración presentó en una sesión informativa a puerta cerrada se percibió entre varios senadores como la búsqueda de un nuevo marco legal que genera interrogantes, en particular sobre el papel del Congreso para autorizar ese tipo de acciones”, indica la agencia, que cita a una persona conocedora del asunto.
El primer ataque se perpetró el pasado 2 de septiembre y lo dio a conocer el propio Trump mientras participaba en un acto en el Despacho Oval. Entonces, el presidente estadounidense sostuvo, sin haber aportado hasta el momento pruebas en público, que las once personas a bordo -todas ellas muertas en el incidente- eran miembros de la organización delictiva venezolana Tren de Aragua.
La Administración Trump incluyó al Tren de Aragua en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a comienzos de este año. Este gobierno asegura que la entrada de drogas en Estados Unidos ha alcanzado un nivel tan peligroso que hace necesaria la acción militar para atajarla.
Cerca de 100.000 estadounidenses mueren cada año por sobredosis de droga, aunque la mayor parte de esos fallecimientos se deben al consumo de fentanilo. Ese narcótico procede en su mayor parte de México, según apuntan los expertos, y no de Venezuela.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
