Trata de personas: Policía Nacional condenada por complicidad estatal

La Policía Nacional de República Dominicana ha sido condenada por su implicación en la trata de personas con fines sexuales, un caso que se considera el más grave de complicidad estatal detectado en 2025.

Según el Informe sobre la Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, un agente de la Policía Nacional recibió una condena de 20 años de prisión por su participación en este tipo de delito.

A pesar de las reformas legales implementadas en el país a principios de 2025, República Dominicana sigue siendo considerada uno de los países que no cumplen completamente con los estándares mínimos contra la trata de personas, según la clasificación estadounidense.

El gobierno dominicano ha respondido a estas críticas con una lista de medidas propias para abordar el problema, incluyendo inspecciones laborales y sanciones a empresas que sospechaban de trabajo forzoso.

En julio de 2025, el país introdujo cambios en la Ley 137-03 para endurecer las penas por trata de personas. La reforma estableció un rango más amplio de sanciones, que pasaron de 15 a 20 años de prisión a 20 a 25 años, con multas correspondientes.

Aunque las condenas aumentaron en número y severidad, la cantidad de investigaciones realizadas por las autoridades cayó significativamente. Durante 2025, los tribunales dominicanos condenaron a 30 traficantes, frente a solo 11 el año anterior.

De estos casos, 29 fueron relacionados con trata sexual y uno con trabajo forzoso. Las penas impuestas variaban entre seis meses y 20 años de prisión para cada uno de los sentenciados.

La caída en las investigaciones es un dato preocupante, ya que se registraron 94 casos de trata en 2025, una disminución marcada frente a los 229 reportados en 2024. Sin embargo, el número de procesamientos aumentó, con 73 presuntos traficantes sometidos a juicio.

Se sostiene que la reducción en las investigaciones se debe a la concentración de recursos policiales en la trata sexual urbana, lo que dejó al descubierto una lacuna en la atención al trabajo forzoso en el campo. Sectores como el café, la construcción y la caña de azúcar son considerados riesgos conocidos para este tipo de explotación laboral.

La reforma penal de 2025 tuvo como objetivo fortalecer las penas para los delitos relacionados con la trata de personas. Ahora, cuando las víctimas son niños o personas con discapacidad, la pena puede llegar a ser de hasta 30 años.

Además, la reforma eliminó el plazo de prescripción para estos delitos y creó la figura de "comisión por omisión", que sanciona a funcionarios que tienen la obligación de prevenir la trata pero no actúan.

La Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) también ha tomado medidas para combatir este delito. En enero de 2026, creó una unidad especial de investigación dentro de su estructura, con más fiscales e investigadores para abordar el problema.

El Estado dominicano identificó un total de 139 víctimas de trata en 2025, lo que representa un aumento significativo. De este total, 108 eran extranjeras y la mayoría provenían de Colombia.

El informe estadounidense también destaca la falta de servicios especializados para hombres víctimas de trata de personas durante el período evaluado. A pesar del presupuesto asignado a la lucha contra la trata, los esfuerzos de prevención se redujeron levemente en comparación con años anteriores.

Las autoridades dominicanas también enfrentan críticas por la restricción que impide a las mujeres adultas alojadas en refugios salir sin supervisión. Esta medida se justifica por el temor a represalias, pero algunos observadores sostienen que puede estar limitando la libertad de estas víctimas.

El informe también menciona que algunos funcionarios de migración solicitaron sobornos a extranjeros que buscaban evitar la deportación. Esto sucede pese a la existencia de un protocolo oficial para detectar indicadores de trata antes de expulsar a los migrantes.

A pesar de los esfuerzos de República Dominicana por combatir la trata de personas, el país continúa en la lista de países con avances insuficientes en este ámbito. Según un documento, los traficantes utilizan redes transfronterizas para reclutar a sus víctimas, ofreciéndoles falsas oportunidades de empleo.

Una vez que las personas llegan al país, les retienen los pasaportes y les exigen deudas inventadas como condición para devolverles la documentación. Los grupos más vulnerables incluyen niños haitianos sin acompañante, menores en situación de calle, ancianos y personas con discapacidad, quienes son obligados a mendigar o se les utiliza para comercializar material de abuso sexual infantil a través de redes sociales y la red oscura.