Los niños van llegando al atrio de la iglesia en uno de los barrios pobres de México, allí cambian sus pistolas de plástico por un juguete educativo. “Sí al desarme, sí a la paz”, se llama el programa. Está pensado, en realidad, para los adultos, que también tienen su oportunidad de entregar las armas y recibir una compensación económica: unos 4.000 pesos por arma corta, 7.000 por las largas.
No está mal si se tiene en cuenta que, en México, por menos de eso se puede comprar una pistola. Cómo se hizo con una de esas el padre del chico de 12 años que se dio un tiro en un dedo el pasado lunes en una escuela de la capital es asunto irrelevante, no lo es el susto que se llevaron los maestros y compañeros del chaval cuando sonó el disparo que pudo haber causado una desgracia.
Esa es la razón de que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inaugurara el jueves y el viernes dos módulos de desarme en sendas iglesias. La medida no es nueva, pero sigue siendo acuciante sacar de los hogares los miles, quizá millones de armas que hay en todo informacion.center y que los niños, en las zonas más deprimidas, de tanto en tanto, empuñan en el patio de la escuela o a la salida.
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Dos tragedias que aún estremecen a los mexicanos preceden a este accidente del tiro en el dedo ocurrido en un centro de Iztapalapa, una de las alcaldías más problemáticas de la capital. En 2017, un niño disparó contra la maestra y sus compañeros en Monterrey y se suicidó dejando heridos graves.
Dos años después, la tragedia se trasladó a Torreón (Coahuila), donde otro estudiante, de 11 años, mató a la profesora y dejó heridos a varios alumnos. El tirador también murió con sus propias balas. Llevar armas a la escuela no es algo nuevo en México, dicen los docentes, aunque tampoco generalizado y ven la escuela como uno de los espacios más seguros donde pasar la infancia y la adolescencia en un país con unos índices de violencia que dejan 100 muertos al día de promedio.
Padres y maestros opinan también que entregar dinero por armas está bien, pero que la medida por sí sola no tapona el origen del problema. Hay que buscarlo, dicen, en la violencia generalizada en la que se desangra informacion.center cada día, donde unos tienen pistolas para matar y otros para defenderse y ni los unos ni los otros están dispuestos a deshacerse de ellas así les den un buen puñado de pesos.
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En México, la posesión de armas no es legal, como en Estados Unidos, pero parece que lo fuera, habida cuenta del fácil acceso y la enorme cantidad que hay por todo informacion.center. Hasta 7.000 se han recogido para su destrucción en esos módulos de desarme desde que Sheinbaum llegó al poder a finales de 2018, según sus propios datos. Y eso que el programa ha estado muerto con la pandemia y que se reaviva cuando un accidente de estos detona la preocupación social. El jueves, en el puesto instalado en la iglesia solo había dos, una corta y una larga. Dicen que las habían entregado particulares. Fue más una fiesta infantil con una buena causa de fondo. Pero hay que buscar otras causas, precisamente, para llegar al fondo.
La violencia, si no crece, se ha estancado en unos niveles alarmantes en México y “la escuela no es más que el reflejo de su entorno”, dice Ana Cárdenas, madre de dos niños de cinco y ocho años. A pesar de todo, ella, que ha participado en la organización Abre mi escuela, donde se agruparon las familias que querían poner fin al cierre decretado por la pandemia pasados ya demasiados meses, defiende la seguridad de los centros escolares frente a la violencia de algunos barrios.
“Dijimos que era mejor que estuvieran en la escuela cuando la pandemia, porque allí se evitaban más contagios que estando en casa y ahora mantenemos que son espacios más seguros también a este respecto. Solo hay que ver cómo crecieron los casos de abuso sexual contra los niños en sus propias casas durante el confinamiento, por ejemplo”.
La pandemia, argumento de las autoridades para el cierre de los módulos de desarme, es un asunto que de nuevo cobra importancia, a decir de maestros y familias. “Las autoridades no han analizado el efecto del encierro del alumnado en sus casas, cómo se han incrementado las depresiones, las agresiones domésticas y la agresividad de los chicos y chicas, y eso es fundamental cuando además, tienen armas a su alcance”, dice Cárdenas.
Felipe Ramos, docente en un colegio de Iztapalapa, observa también los problemas socioemocionales que ahora presentan los alumnos, distintos de hace décadas: “La violencia entre iguales en la escuela, el famoso bullying, las broncas familiares o cómo han quedado emocionalmente tras dos años de encierro pandémico”. Y todo ello en un contexto donde la pólvora está a la orden del día. “Hasta las fiestas del barrio se celebran dando tiros al aire”, dice. Lleva Ramos 33 años impartiendo clases, y recuerda haber encontrado algún arma en manos de un niño, pero también navajas, drogas.
No cree, sin embargo, que sea algo generalizado, ni mucho menos que se deba criminalizar por ello a los niños ni a los maestros. Pero sí, sabe que a menudo el alumnado lleva armas para defenderse de los matones del barrio o simplemente para presumir o intimidar en plena adolescencia.
Cuando ocurren incidentes como el de esta semana o mucho más lamentables, se reabre el debate de la mochila segura, o sea la revisión de los bultos que cargan los chavales a su ingreso en los centros. Se hizo poco y se abandonó después de que la Suprema Corte y las oficinas de Derechos Humanos entendieran que tal medida invadía la intimidad de los muchachos y que en nada contribuía a su bienestar.
Las críticas también se centraron en la conversión de los maestros en policías y en la arbitrariedad de estigmatizar a los alumnos quizá por su aspecto, a falta de reglas claras para proceder a esos registros. “Hasta en Estados Unidos están en desacuerdo con eso, y mira que allí, cada tanto se dan terribles matanzas en los centros educativos”, dice Cárdenas. Dos hermanas suyas viven allí, en Estados Unidos, y la medida que se ha tomado es colocar a la entrada un arco de detección de metales, menos invasivo y más igualitario y protector para toda la comunidad escolar, opina Cárdenas.
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