A medida que se acerca la revisión paritaria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026, la atención se centra a menudo en las reglas de origen de la industria automotriz, las disputas energéticas y las cuotas agroalimentarias. Sin embargo, uno de los aspectos más complejos y críticos de esta renegociación se desarrollará en el ámbito de la salud pública, la propiedad intelectual y la certidumbre regulatoria.
El sector de insumos para la salud, que abarca medicamentos, dispositivos médicos y biotecnología, ha dejado de ser un problema exclusivamente doméstico. En este contexto global, México se enfrenta al desafío de alinear su necesidad de eficiencia presupuestal y acceso a la salud con los compromisos que emanan de un acuerdo comercial de tal magnitud.
Este dilema se refleja claramente en el reciente Informe de Estimación Nacional de Comercio 2026, publicado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). En este documento, se destaca el proceso de Compra Consolidada de medicamentos y dispositivos médicos que actualmente lleva a cabo el gobierno mexicano. La interpretación de la USTR sobre estas adquisiciones no busca cuestionar nuestras finanzas internas, sino que se enfoca en la vigilancia de la cláusula de “Trato Nacional” y la no discriminación comercial. Cuando un proceso de compra pública se percibe como opaco o asimétrico, los socios comerciales pueden considerarlo una barrera no arancelaria.
Por tanto, el reto para México va más allá de asegurar precios competitivos para sus instituciones de salud; es una cuestión de demostrar que su modelo de adquisiciones cumple con los estándares más rigurosos, garantizando un campo de juego equitativo, respetando las patentes vigentes y manteniendo la claridad jurídica necesaria a nivel internacional.
Adicionalmente, el informe de la USTR también alerta sobre la creciente crisis relacionada con medicamentos falsificados y adulterados en México. Este problema representa un grave riesgo para la salud pública y pone en jaque la gobernanza de la cadena de suministro. Combater esta situación requiere un enfoque más que punitivo; es esencial avanzar hacia soluciones tecnológicas y reguladoras. La implementación de sistemas de trazabilidad integral es fundamental. La capacidad de rastrear un fármaco desde el fabricante hasta el paciente no es un lujo, sino una responsabilidad compartida entre el Estado y la industria.
Recientemente, el Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud ha surgido como un avance significativo en este entorno. Este acuerdo establece un sistema de vinculación, diseñado para evitar que la autoridad sanitaria emita registros para medicamentos genéricos mientras las patentes de los innovadores estén aún vigentes, solventando así problemas que han causado litigios prolongados y retrasos en la introducción de genéricos al mercado.
Este acuerdo no es meramente simbólico; envía un mensaje claro a los socios del T-MEC de que México está listo para asumir sus compromisos en materia de propiedad intelectual a través de una colaboración interinstitucional eficaz. La innovación en el ámbito biomédico y el acceso a medicamentos genéricos de calidad son metas complementarias en un sistema de salud funcional.
Sin embargo, el éxito de este acuerdo depende en gran medida de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). La certidumbre regulatoria es esencial en el marco del T-MEC, y fortalecer el trabajo de COFEPRIS no es solo una cuestión de financiamiento, sino de realizar cambios estructurales significativos. El nuevo liderazgo de esta comisión enfrenta el reto de eliminar la acumulación histórica de trámites que obstaculizan la competitividad de la industria y, al mismo tiempo, establecer un enfoque de digitalización integral.
Un regulador moderno no se limita a manejar documentos; debe procesar datos. La digitalización de los expedientes, la adopción de herramientas tecnológicas para una revisión más ágil y la consolidación de mecanismos de reconocimiento de agencias homólogas son esenciales para asegurar una simetría regulatoria.
A lo largo de 2025, se han presenciado esfuerzos razonables en COFEPRIS para mejorar la comunicación entre la autoridad sanitaria y los sectores regulados. Si se logra transformar esta agencia en una institución ágil y predecible, México podrá prevenir aproximadamente el 80% de los conflictos comerciales potenciales en el sector salud durante la revisión del tratado.
No obstante, la revisión del T-MEC no debe ser abordada con temor, sino vista como una oportunidad para establecer un orden. Todos los actores involucrados, desde el Estado hasta la industria, comparten intereses comunes en la búsqueda de certidumbre, trazabilidad y un marco de operación sólido.
Es vital asegurar la vigilancia de las patentes para mantener la simetría regulatoria, la protección de la innovación y el acceso a genéricos de calidad, evitando prácticas indebidas. El contexto geoeconómico del T-MEC deberá servir como un catalizador para transformar el sistema de salud en México, constituyendo un ecosistema que beneficie a todos los pacientes.
La coyuntura actual es un momento propicio para fortalecer la estructura regulatoria y construir un sistema nacional de salud que sea transparente, eficiente y afecte positivamente a la vida de los mexicanos.
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