Suspensión definitiva del amparo contra Ruffo Appel

Una jueza federal ha concedido a Ernesto Guillermo Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, la suspensión definitiva del amparo que presentó contra su vinculación a proceso en el caso de huachicol fiscal por ferrotanques.

La medida fue otorgada por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México. Sin embargo, no se especifica el alcance de la suspensión definitiva en los registros judiciales del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

La jueza federal resolvió conceder a Ruffo Appel la suspensión definitiva contra los actos y autoridades mencionados en su decisión, según se desprende de la interlocutoria. El motivo expuesto por la juzgadora es el que se encuentra en el último considerando de la resolución.

La decisión de Ruffo Appel de presentar un amparo contra su vinculación a proceso fue tomada después de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su condición de adulto mayor y problemas de salud.

La jueza de amparo otorgó a Ruffo Appel la suspensión definitiva contra su vinculación a proceso en un momento incierto sobre los efectos de esta decisión.

Ruffo Appel ha cumplido un mes en prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, donde se encuentra después de ser trasladado desde el penal del Altiplano. Fue llevado a su residencia por la Guardia Nacional vía terrestre, luego de estar recluido allí durante dos meses y medio.

La Fiscalía General de la República sostiene que cuenta con pruebas robustas para demostrar la participación de Ruffo Appel en una red de contrabando de combustible a través de ferrotanques. Estos datos incluyen dictámenes periciales, entrevistas y análisis de información entre otros elementos.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha proporcionado detalles sobre las actividades sospechosas de Ruffo Appel, quien sigue en prisión domiciliaria a pesar de que se le concedió suspensión definitiva contra su vinculación al proceso.

Se sostiene que utilizaba a Ingemar, una empresa ligada a servicios portuarios y dragados, para realizar operaciones que presentaron movimientos financieros millonarios en cuentas nacionales, lo que podría ser considerado un comportamiento fiscalmente incongruente.