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Ni un día sin su correspondiente sobresalto. El primer ministro del Reino Unido, el laborista Keir Starmer, se enfrenta de nuevo al malestar de sus diputados por la enésima rectificación —con giro a la derecha incluido— de sus promesas electorales. El Gobierno británico ha decidido a última hora echarse atrás en su compromiso de reforzar la protección a los trabajadores frente a un despido improcedente desde el primer día del contrato.
Con la legislación actual, las empresas disponen de un periodo de prueba de 24 meses en el que pueden prescindir libremente del empleado. Los laboristas prometieron cambiar eso y establecer una indemnización por despido improcedente desde el primer día de contrato, pero ahora Downing Street matiza esa propuesta y plantea solo reducir a seis meses el periodo de prueba. El objetivo es salvar una legislación laboral estancada en las negociaciones en la Cámara de los Comunes, en la de los Lores y entre sindicatos y patronal.
La izquierda británica llegó al poder a lomos de la promesa de revisar por completo los derechos de los trabajadores, para mejorar aspectos del mercado laboral casi leoninos, como el abuso del despido improcedente, de los contratos de “cero horas” o de las bajas por maternidad o por enfermedad condicionadas al tiempo que el trabajador lleva contratado.
La marcha atrás del equipo de Starmer ha provocado malestar y críticas de grueso calibre entre los suyos. La propuesta legislativa para reforzar la protección a los trabajadores era obra de Angela Rayner, hasta hace poco la viceprimera ministra y ministra de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local. Rayner dimitió en septiembre por un escándalo de impuestos, pero goza aún de la simpatía de la izquierda del Partido Laborista y de los sindicatos. Su entorno ya ha filtrado que la exministra advirtió a Downing Street hace tres semanas de que se opondría a cualquier intento de debilitar la propuesta legal, y el sindicato Unite (junto con TUC, el más poderoso del país) ha acusado a Starmer de echar por el desagüe la Ley de Derechos de los Trabajadores, como se llama el texto.
El diputado laborista Thornaby East ha descrito la maniobra del Gobierno como una “completa traición” y ha prometido hacer todo lo que esté a su alcance para revertirla. “Las empresas no tienen nada que temer frente a la posibilidad de derechos laborales desde el primer día de contrato, pero los trabajadores tienen todo por lo que temer frente a patronos que se niegan a ceder en esos derechos”, ha dicho también el diputado Neil Duncan-Jordan, que ha sumado su voz a la protesta.
El ex secretario de Estado de Empleo Justin Madders, que fue un firme aliado de Angela Rayner hasta que salió con ella del Gobierno, ha asegurado con rotundidad que el giro de Starmer supone una “quiebra del compromiso electoral”, algo que en la política británica se toma realmente en serio.
Mientras el sindicato TUC, que lidera las negociaciones con la patronal, ha mostrado su disgusto por el movimiento del Gobierno pero ha pedido que la tramitación de la ley siga adelante para que el proyecto vea la luz antes de fin de año, la secretaria general de Unite, Sharon Graham, sostiene que la ley “ya no es más que el cascarón de lo que fue el proyecto inicial”.
“Si no se prohíben los contratos cero o la posibilidad de contratar y despedir sin freno, la ley es ya irreconocible. Estos retrocesos constantes solo dañan la confianza de los trabajadores en que merece la pena esperar a las mejoras prometidas. El Partido Laborista necesita cumplir sus promesas”, ha reclamado Graham.
El Gobierno intenta defender su posición como la única posible para que las negociaciones no descarrilen, y recuerda a los críticos que la ley sigue contemplando los permisos remunerados de maternidad y por enfermedad desde el primer día del contrato.
Downing Street logró el miércoles un breve periodo de paz interna con el presupuesto que presentó, que suponía una mejora en ayudas sociales, una subida de impuestos a las rentas y patrimonios más altos y la supresión de medidas detestadas por la izquierda del partido (como el límite de subvenciones por hijo, que solo llegaban hasta el segundo). Pero el malestar no ha desaparecido, y Starmer deberá ahora dedicar de nuevo todos sus esfuerzos a apaciguar un nuevo conato de revuelta.
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