La reciente decisión de la agencia de calificación crediticia S&P de rebajar la calificación de la deuda soberana a largo plazo de Colombia a “BB-“, desde “BB”, marca un hito significativo en el panorama económico del país. Esta medida, tomada el pasado miércoles, se debe al creciente desafío que representan los déficits fiscales en un contexto donde la cuarta democracia más grande de América Latina está viendo un evidente deterioro en sus cuentas fiscales.
Desde junio del año pasado, el Gobierno colombiano se ha visto obligado a suspender temporalmente una regla fiscal y a elevar su meta de déficit fiscal. La situación es alarmante, ya que S&P prevé que los déficits fiscales de Colombia se mantendrán elevados, alcanzando un 5.6% del PIB en 2026, en comparación con el 5.3% proyectado para el 2025. Esta tendencia no solo afecta la estabilidad económica del país, sino que también incrementa de manera alarmante la deuda externa.
Asimismo, S&P advierte que la rigidez presupuestaria y el débil crecimiento de ingresos presagian una prolongada y gradual consolidación fiscal. Esta predicción se suma a un precedente ya marcado por Fitch, que en diciembre realizó una rebaja similar, enfatizando que los persistentes déficits fiscales aumentarían la deuda pública en relación con el PIB a medio plazo. La perspectiva de S&P para Colombia se ha revisado a “estable”, fundamentándose en la expectativa de que el gobierno logrará una reducción gradual de su déficit fiscal mientras busca mantener un crecimiento económico moderado.
A pesar de este contexto de presión fiscal, el Ministerio de Hacienda colombiano proyecta que la economía del país crecerá un 3% para 2027, superando el objetivo del 2.6% establecido para este año. Esta cifra resalta una posible luz entre las sombras de un panorama complicado, aunque la incertidumbre persista respecto a la sostenibilidad fiscal y el manejo adecuado de las cuentas públicas.
El futuro económico de Colombia está en la balanza, y las decisiones que se tomen en el corto y mediano plazo serán cruciales para navegar este complejo escenario. La atención se centra ahora en cómo el gobierno abordará estos desafíos y si logrará efectivamente un crecimiento que no sólo sea cuantitativo, sino que también refuerce la confianza de los inversionistas en la gestión fiscal del país.
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