Las ocho propiedades que la Fiscalía General del Estado podría devolver al exgobernador César Duarte suman un total 4 mil 715 hectáreas de territorio que se encuentran distribuidas en los municipios de Balleza y Parral, según dio a conocer el abogado del exmandatario, Juan Carlos Mendoza.
En días pasados, el juez Octavo Civil por audiencias y especializado en extinción de dominio, Erik Alberto Parada Olivas, instruyó a la Fiscalía General del Estado restituir todos los bienes al exgobernador, esto luego de que interpusieran un amparo por violaciones al debido proceso del presunto responsable.
Las propiedades, que se encuentran en el supuesto de la restitución, son algunos ranchos y predios como El Saucito, Mesa de las Adjuntas, El Taraiz, Rancho de Enmedio, Labor Muniseña, Llano Medineño, El Arajuez y La Mesa, los cuales todos se encuentran en Balleza, a excepción de El Aranjuez, que se encuentra en Parral.
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El abogado detalló que en el oficio con número 2459/2021, referente al expediente 74/2021, el juez explica que las medidas que han adaptado las autoridades estatales en el aseguramiento de los bienes fue algo irregular durante la administración pasada que emprendió las acciones legales para tomar estas propiedades.
Tal acuerdo referido dice que “la gravedad de la conducta que se exige de la parte requerida, consistente en el potencial desacato a una orden judicial, sustentada en la facultad que la ley le concede a esta autoridad”, es decir, manifiesta este acuerdo de que quien emitió el oficio que ordena tal restitución no refiere ni sustenta un acuerdo de voluntades, sino el cumplimiento irrestricto del orden legal ordenado por quien tiene facultades, argumentos y fundamentos para tal mandato.
Lo anterior tiene su origen en un juicio de extinción de dominio llevado a cabo bajo el expediente número 74/2021, juicio mediante el cual la anterior administración estatal -refiere- trató de manera ilegal y absurda al “privar de su propiedad a nuestro defendido de sus bienes por supuestos delitos en su calidad de gobernador del estado, acción ilegal que violentó no sólo el debido proceso, sino cualquier ejercicio razonable de justicia al tratarse de bienes que fueron adquiridos por César Duarte mucho antes de haber asumido el cargo de gobernador del estado”.
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Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado oficial, reveló que dentro de la estrategia jurídica se llevó a cabo una serie de acciones tendientes a garantizar la reparación del daño causado a las finanzas públicas estatales por la presunta comisión de delitos imputados al exfuncionario.
Sin embargo, derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pasada administración se desistió de la acción civil por la vía de la extinción de dominio, sin que esto signifique que los predios dejen de estar asegurados y embargados por la vía penal, para garantía de todos los chihuahuenses.
Es decir, que lo dictado por el juez de extinción de dominio es levantar el aseguramiento otorgado únicamente por la vía civil, y la entrega de los bienes se encuentra imposibilitada, toda vez que siguen sujetos a procedimientos por la vía penal.
Las propiedades:
Rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, con una superficie de 609 hectáreas.
Predio rústico El Saucito, que forma parte de la Hacienda de San Rafael del Agostadero, ubicado en el municipio de Balleza, con una superficie de 692 hectáreas.
Rancho La Mesa, Balleza, con una superficie de 511 hectáreas
Rancho Labor Muniseña, Balleza, con una superficie de 11 hectáreas
Rancho El Taraiz, Balleza, con una superficie de mil 211 hectáreas
Rancho Mesa de Las Adjuntas, Balleza, con una superficie de mil 95 hectáreas
Rancho de Enmedio, Balleza, con una superficie de 551 hectáreas
Rancho El Aranjuez, Hidalgo del Parral, con una superficie de 35 hectáreas
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