El pasado viernes, Ovidio Guzmán López, conocido hijo del infame Joaquín “el Chapo” Guzmán, se declaró culpable de varios cargos relacionados con el narcotráfico en un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. Este desarrollo ha puesto bajo el microscopio no solo la estructura del Cártel de Sinaloa, sino también la dinámica político-judicial entre México y Estados Unidos.
El abogado defensor de Ovidio, Jeffrey Lichtman, no dudó en criticar a la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusó de actuar como “publirrelacionista” para Ismael “el Mayo” Zambada, un líder rival en el narcotráfico cuya facción, conocida como La Mayiza, compite en las calles de Sinaloa con Los Chapitos, la facción de Guzmán López.
Lichtman cuestionó la postura de Sheinbaum sobre la participación del gobierno mexicano en el proceso de extradición de Ovidio, argumentando que es absurdo pensar que ambos gobiernos deberían haber negocinado sobre un caso que involucra a alguien considerado un terrorista por las autoridades estadounidenses. Afirmó que la presidenta debería investigar por qué no se han hecho verdaderos esfuerzos para detener a Zambada, sugiriendo que su administración parece estar demasiado alineada con los intereses del narcotráfico.
En respuesta a estas acusaciones, Sheinbaum calificó las declaraciones de Lichtman como “irrespetuosas” y reafirmó que su gobierno no mantiene relaciones de complicidad con ninguna organización criminal. La presidenta hizo énfasis en que el compromiso del gobierno es trabajar por el bienestar social, al tiempo que anunció que se emitiría un comunicado oficial desde la Fiscalía sobre el caso.
La situación ha captado la atención de la opinión pública, especialmente en un contexto donde el enfrentamiento entre el narco y la política se vuelve cada vez más evidente. La respuesta de Lichtman a las declaraciones de Sheinbaum en sus redes sociales también ha estrechado el foco en la percepción pública de la política mexicana frente a la creciente influencia del crimen organizado.
Mientras tanto, el futuro de Guzmán López en el sistema judicial estadounidense plantea interrogantes sobre la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Este caso no solo es emblemático de la relación entre dos naciones, sino que también resalta las complicaciones y las realidades de un conflicto que ha afectado profundamente a la sociedad mexicana.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, tanto el gobierno mexicano como la defensa de Ovidio Guzmán López seguirán siendo objeto de escrutinio mediático y análisis crítico en un contexto marcado por la lucha constante entre el estado y el narcotráfico.
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