La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) apoyó indebidamente a 47 servidores de la nación de Chiapas y Ciudad de México con becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, destinado a la población de 18 a 29 años que no estudia ni trabaja, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública 2019.
En las mismas entidades, el órgano fiscalizador encontró apoyos a becarios que en realidad trabajaban en otras áreas de la administración pública o incluso en la iniciativa privada, o bien, que se encontraban estudiando. En total, al revisar los apoyos a los beneficiarios de ambos estados la ASF determinó “un probable daño, o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública” de nueve millones 662 mil 800 pesos.
Los servidores de la nación, en su gran mayoría jóvenes, son trabajadores contratados en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que un principio se dedicaron a levantar el Censo del Bienestar, que es la base de datos de los beneficiarios de programas sociales del Gobierno federal, para luego enfocarse en llevar los diversos apoyos de la Secretaría del Bienestar a las comunidades.
Actualmente están envueltos en la polémica porque forman parte de las brigadas de vacunación contra Covid-19 en vísperas del proceso electoral.
De acuerdo con la auditoría de cumplimiento 2019-0-14100-19-0375-2020, la ASF identificó a 47 servidores de la nación que recibieron recursos por 507 mil 600 pesos por parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Asimismo, al cruzar las bases de la STPS con las de derechohabientes del ISSSTE e IMSS, la Auditoría identificó que 640 becarios del programa tenían una fuente de trabajo en el Gobierno al momento de recibir el apoyo. Mientras que 33 mil 909 beneficiarios contaban con dos o más registros patronales en el IMSS, “es decir, que los becarios del programa se encontraban trabajando (en el sector privado) durante el periodo de su capacitación del programa objeto de revisión”.
En esta revisión, el órgano fiscalizador también reveló que la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde pagó ocho millones 514 mil 400 pesos a 760 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro de Chiapas y Ciudad de México que en realidad se encontraban estudiando. Y es que estos recibían simultáneamente las Becas para el Bienestar Benito Juárez, para favorecer su permanencia y terminación escolar en instituciones de educación superior.
Asimismo, otros 47 beneficiarios, a los que se les pagó 640 mil 800 pesos, recibieron simultáneamente becas del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, otorgados a estudiantes indígenas y afromexicanos de nivel superior y maestría para favorecer su continuidad, conclusión y titulación.
Estos hallazgos se suman a los encontrados en la auditoría de cumplimento forense 2019-0-14100-23-0374-2020, en la que el órgano fiscalizador encontró apoyos a difuntos y otros estudiantes.
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DEPENDENCIAS CON MILES DE BECARIOS
Otro de los hallazgos de la ASF es que la base de datos de los centros de trabajo de Chiapas inscritos en el programa no contenía datos de los nombres de los becarios a su cargo. Además, cuatro mil 629 no habían proporcionado su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Entre los centros de trabajo de este estado, se identificaron tres entidades públicas con miles de becarios asignados: la propia Secretaría del Bienestar (7 mil 798), la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo (3 mil 536) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (2 mil 755).
“En ambas observaciones no se contó con información documental o digital para constatar el número de empleados con los que cuenta cada una de las entidades públicas referidas para determinar cuántos becarios podrían recibir, de acuerdo con su capacidad operativa”, indica la ASF.
Asimismo se identificaron 29 mil 354 becarios que no contaron con tutores a cargo de su capacitación o tutores que tenían a su cargó más de 25 becarios, que es la cantidad máxima de beneficiarios por tutor permitida en los lineamientos del programa.
En el caso de la Ciudad de México, las irregularidades son similares. La Auditoría encontró que mil 339 empresas no contaban con RFC, y cuatro entidades públicas contaban con más de 300 becarios vinculados: la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo (818 beneficiarios), la Secretaria de Relaciones Exteriores (384) y las alcaldías de Álvaro Obregón (482) e Iztapalapa (371), ambas gobernadas por Morena.
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